24.4.18

Madrid logra vetar a las grandes eléctricas en su megaconcurso de luz al imponer la exigencia de 100% renovable. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública rechaza los recursos de Gas Natural, Iberdrola y Endesa. El Ayuntamiento ha logrado salvar la cláusula al incluirla en el apartado de "solvencia técnica"

"El Ayuntamiento de Madrid ha logrado vetar a las grandes eléctricas en el megaconcurso municipal de suministro de luz, el mayor de España con un presupuesto de 82,6 millones de euros.

 Tal y como avanza El Confidencial, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha rechazado los recursos interpuestos por Gas Natural, Iberdrola y Endesa contra los pliegos del contrato, que impiden licitar a estas empresas al exigir al adjudicatario vender exclusivamente energía renovable.

La decisión no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Pero supone una victoria del ayuntamiento en su pugna frente a las eléctricas por este asunto y puede marcar el camino a otras administraciones públicas en sus licitaciones de suministro eléctrico.


Las tres mayores eléctricas del mercado español habían pedido anular el pliego del ayuntamiento madrileño por entender que su redacción les impedía, según la resolución del tribunal, "concurrir en igualdad de condiciones a la licitación", al incluir entre los criterios de "solvencia técnica" una cláusula que exige contar con el etiquetado A que expide la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Este certificado reconoce que la comercializadora en cuestión solo vendió energía verde en el último año vencido.

El tribunal, por unanimidad, entiende que la exigencia de esa certificación "se ajusta" a la Ley de Contratos públicos, rechaza los tres recursos y levanta la suspensión del procedimiento que había decretado el pasado 4 de abril.

La cláusula a la que ha dado luz verde en la práctica impide concurrir al concurso a las grandes eléctricas, porque en su mix de generación estas empresas tienen fuentes como el carbón, el gas o la nuclear, que emiten CO2 o generan residuos radiactivos.

Tal y como recoge la resolución, el propio Ayuntamiento argumentaba que, en virtud de esos certificados de la CNMC, existen 76 comercializadoras que cumplen con ese requisito, lo que supone el 64%, por lo que el criterio no plantearía restricciones a la libre competencia. Entre las empresas con la categoría A que exige el ayuntamiento está una empresa del Ibex (Acciona), y la comercializadora eléctrica de la petrolera Cepsa.

Además, también existen antecedentes de contratos con idéntico objeto de otras administraciones públicas (en Castilla y León), que han utilizado la misma cláusula como solvencia técnica y que han salido adelante pese a que también han sido objeto de recurso.
El Ayuntamiento ya intentó incluir el año pasado este criterio al incluir el certificado de la CNMC en la valoración de la oferta (otorgaba hasta cinco puntos).

 Gas Natural recurrió esa "diabólica" cláusula y logró tumbar los pliegos, que el consistorio, cuya área económica estaba entonces dirigida por Carlos Sánchez Mato, tuvo que rehacer. "Ha sido duro, pero ha merecido la pena", indicaba este lunes el exconcejal en su cuenta de Twitter.  (...)"               (eldiario.es, 23/04/18)

¿Cómo es posible que la CUP vote en contra de que se celebre una consulta ciudadana para remunicipalizar el agua de Barcelona? Pues lo ha hecho. Mientras tanto, Agbar feliz...

"(...) Avancemos hasta 2018. El Ayuntamiento de Barcelona aprueba un nuevo Reglamento de Participación, donde se regulan las consultas ciudadanas a través del recién creado portal digital Decidim Barcelona.

 Como sucede a nivel autonómico, estas consultas tienen importantes limitaciones, señaladas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Principalmente, la restricción de los temas sobre los que se puede consultar a la ciudadanía y el carácter no vinculante del resultado. 

Aún con estas limitaciones, las consultas ciudadanas municipales han cobrado importancia en ciudades como Madrid, gracias al compromiso informal de algunos grupos políticos de acatar el resultado de las mismas. El mismo compromiso se pretendía llevar a cabo en Barcelona, con varios grupos políticos dispuestos a trasladar a las votaciones del Pleno el parecer ciudadano manifestado en las consultas.

Nada más aprobarse este Reglamento de Participación, un conglomerado de grandes empresas, entre las que se encuentra Agbar, decidieron recurrirlo judicialmente para dejarlo sin efecto. Curiosamente, la primera prueba del Reglamento consistiría en una multiconsulta donde se tratarían temas como la remunicipalización del agua, con un detalle importante: esta consulta no es iniciativa de un partido, sino el resultado de la movilización de diversas plataformas que han recogido las firmas suficientes para ponerla en marcha.
Y así llegamos al 10 de abril, día en el que se somete al Pleno la celebración de esta multiconsulta con dos temas estrella: el tranvía de la Diagonal y la remunicipalización del agua; con un importante sustrato: comenzar a poner en práctica la apuesta participativa y generar la cultura necesaria para que se mantenga y crezca.

 Especialmente en lo referente a la remunicipalización del agua, la batalla se jugaba (se juega) en dos dimensiones, la propia del servicio de gestión del agua y la batalla que los lobbyshan abierto contra el Reglamento de Participación, con una pata en los tribunales y otra política, en la calle.

Sorprendentemente, el Pleno acabó rechazando la celebración de la multiconsulta; especialmente llamativo resultó el voto en contra de la CUP para la celebración de la votación sobre la remunicipalización del agua.

 ¿Cómo es posible que un partido que persigue esta remunicipalización vote en contra de que se celebre esa consulta? ¿Cómo es posible que un partido que defiende el derecho a decidir se oponga a la realización de cualquier consulta? Aquí es donde entra la letra pequeña. 

(...) aducen que, siendo el agua un bien y un derecho humano fundamental, sacar su remunicipalización a consulta es poner en duda ese derecho. Es decir, que un derecho tan importante no se debería ni siquiera consultar. Se remunicipaliza y punto.

Es llamativo que unos argumentos que parecen firmes, sólidos y coherentes hayan situado el voto de la CUP junto al del PP, CiU o C’s y que, a la postre, haya tumbado una consulta promovida por plataformas de una sociedad civil a la que dicen representar en las instituciones. Pero lo más grave es que esos argumentos ni siquiera son reales. 

El problema es que no será tan sencillo que los grupos que apoyaron las mociones en 2016 lo hagan si lo que se presenta es el reglamento ejecutivo de esa remunicipalización. Especialmente el PSC, cuyos votos son imprescindibles (junto a los de BeC, ERC y CUP).

 Por eso, esa vía institucional debería ser complementada por una manifestación ciudadana de voluntad, porque si hay algo que puede enfrentar al poder de los lobbys a la hora de presionar a los partidos es el poder de mucha gente exigiendo una determinada política. 

Esto, que no debería tener que explicarse a una fuerza que defiende el derecho a decidir, parece que se les olvidó a los representantes de la CUP. Dudo que haya alguien en ese partido que no esté de acuerdo con la obviedad de que es más fácil que el PSC o ERC voten a favor de un reglamento de remunicipalización si en una consulta ciudadana, aunque no sea vinculante, las vecinas y vecinos de Barcelona votan masivamente para que se ejecute.

Pero hay más. De la misma forma que un Pleno municipal privatiza, luego llegan elecciones y otro Pleno puede remunicipalizar, pero luego llegan otras elecciones y otra composición plenaria podría volver a privatizar. 

Sin embargo, si detrás de la remunicipalización hay una consulta con un resultado mayoritario, se está estableciendo una importante garantía. Haciendo evidente lo impopular de la medida, presionando a los partidos donde más les duele, en las expectativas electorales.

 Esto es entender la participación, además de como un derecho, como un recurso estratégico, sobre todo si a lo que te enfrentas es a una poderosa multinacional y al poder financiero en su deseo de controlar un negocio tan rentable como el agua.

Lamentablemente, no alcanzo a saber si por desconocimiento de la realidad política, de la eficacia de los instrumentos y el funcionamiento institucional (mociones, reglamentos…) o simplemente porque las elecciones se acercan y hay que diferenciarse de competidores políticos directos, la CUP ha hecho un flaco favor al movimiento por la remunicipalización del agua y, por el mismo precio, ha dejado tocado el Reglamento de Participación, el proyecto de Decidim y la aspiración de que Barcelona sea una ciudad más participativa y democrática.  (...)

Mientras tanto, Agbar feliz. "            (Francisco Jurado, CTXT, 18/04/18)

"América Latina en el ciclo infernal de la deuda desde hace 200 años"... el mismo ciclo que nos espera a nosotros, gracias a Rajoy

"Éric Toussaint es doctor en ciencias políticas y portavoz del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM internacional). En su último libro, El sistema deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, publicado por Icaria editorial de Barcelona, Éric Toussaint explica cómo los países demasiado dependientes de las materias primas caen en la trampa del endeudamiento.

Venezuela se encuentra en una parcial cesación de pagos. ¿Cómo llegó a esta situación?

Venezuela es un caso emblemático del ciclo infernal de la deuda en el que América Latina se debate desde hace 200 años. Esto se inició en 1810, cuando Simón Bolívar, uno de los líderes de la lucha por la emancipación de las colonias americanas, comenzó a pedir préstamos a Londres, en condiciones muy desfavorables, para financiar las guerras de la independencia.

Desde entonces, el mismo esquema se reprodujo muchísimas veces en la región, todas las veces pasa lo mismo: los Estados se endeudan poniendo como garantía sus recursos naturales o utilizando una parte de los ingresos provenientes de esos recursos, para pagar sus deudas. 

Cuando el precio de las materias primas es alto, como lo fue entre 2003 y 2014, las condiciones impuestas por los acreedores son llevaderas. Pero desde el momento en que el precio se desploma, los Estados se encuentran en dificultades y a la merced de los acreedores, como ahora Venezuela.

¿Los culpables no serían acaso los dirigentes quienes, tanto en Venezuela como en Argentina, no diversificaron suficientemente la economía durante los años prósperos?

Sí, con la firma de unos tratados de libre comercio muy poco favorables, y esa es la otra constante del escenario observado desde hace dos siglos. Todas las veces, las clases dominantes locales tienen sumo interés en mantener a sus países en una situación de subordinación con respecto a los acreedores, puesto que también invierten en la deuda externa e interna de sus respectivos países. Evidentemente, no tienen ningún interés en su repudio.

En Venezuela, una parte de las elites actuales compran, como en el siglo XIX, títulos de deuda emitidos por el Estado, denominados en dólares pero vendidos en bolívares. Posteriormente, revenden esos títulos en Estados Unidos, lo que les permite obtener dólares en efectivo. Algunos filtran esos dólares en el mercado negro venezolano, en el que el tipo de cambio es muy desfavorable para la población.

Usted presenta el repudio de las deudas ilegítimas como una solución. ¿Un país que se niega a pagar sus deudas no corre el riesgo de ser excluido de los mercados financieros?

Es el gran argumento de los banqueros, pero la historia demuestra que no es así. Cuando un país repudia su deuda, los contadores se ponen a cero. La economía resurge y, en general, hay nuevos banqueros, deseosos de prestar a esos países, que se ponen rápidamente a su disposición, pues ven la oportunidad de ganar dinero.

Es lo que hemos observado en México, en 1867, o incluso, en Rusia en 1917. Después de la revolución, el poder soviético rechazó pagar las deudas contraídas por el zar con varios países occidentales. Francia protestó enérgicamente, especialmente porque 1,6 millones de residentes franceses poseían esos títulos rusos.

 Las negociaciones fracasaron en 1922. Pero, poco tiempo después, el Reino Unido, Italia y la República de Weimar, y luego Francia, recomenzaron a conceder créditos comerciales a los soviéticos, con el fin de que pudieran financiar sus importaciones. Hay tal competencia entre los prestamistas que los países que repudian sus deudas no permanecen mucho tiempo privados de financiación.

Sin embargo, después de su cesación de pagos, en 2001, Argentina no pudo obtener créditos del mercado internacional ¡durante más de diez años!

Es un caso diferente: después de haber suspendido el pago de su deuda con respecto a los bancos y al Club de París en 2001, Buenos Aires tenía los medios para poder ignorar a los mercados. El país registraba un fortísimo crecimiento, empujado por el boom de las materias primas. 

El gobierno de Cristina Fernández primero y luego Mauricio Macri, que asumió en 2015, eligieron volver a los mercados (ver: http://www.cadtm.org/La-deuda-publica-Kirchner-Macri; http://www.cadtm.org/Las-cadenas-de-la-deuda-eterna-en; http://www.cadtm.org/Deuda-Publica-en-expansion). 

 El país podría haber pasado de ello, si Latinoamérica hubiera logrado erigir un verdadero Banco del Sur, ofreciendo una financiación alternativa a la del Fondo Monetario Internacional –FMI – y la de los inversores internacionales.

Su comité lucha contra las deudas odiosas. ¿Cuáles son las que, actualmente, corresponden a esos criterios?

El jurista Alexander Nahum Sack – 1890-1955 – dio una definición en 1929: una deuda es odiosa si fue contraída contra el interés general de la población del país, y si los acreedores eran conscientes o habrían debido serlo. Según esos criterios, es el caso de la deuda contraída por Grecia a partir de 2010 con respecto a los países de la zona euro, entre ellos Francia, además del FMI y del Banco Central Europeo.

 Esos préstamos no fueron contratados en interés del pueblo heleno, sino de los bancos extranjeros expuestos a la situación griega. Además, esos préstamos se otorgan condicionados a la aplicación de reformas que violan los derechos económicos y sociales fundamentales de los griegos, en materia de salud, vivienda o educación. Atenas ganaría si repudiara esa deuda.

Pero los préstamos concedidos por la zona euro corresponden también ¡al dinero de los contribuyentes europeos!

Tomemos el caso de Francia. En 2010, París concedió un préstamo bilateral a Grecia, cuyo reembolso debe comenzar en 2022. Un repudio no tendría ningún efecto antes de esa fecha, y podría ser objeto de una consulta al pueblo francés –después de una auditoría – con el fin de esclarecer al público. 

Ese préstamo se había presentado, en aquel momento, como indispensable para salvar la zona euro. No obstante, ayudó también a Grecia a pagar a sus principales acreedores privados, entre los cuales los banqueros franceses. Estaría bien arrojar algo de luz sobre ese tema."                   (Entrevista a Éric Toussaint, Marie Charrel , CADTM , fuente:  Le Monde)

La situación actual, con Podemos y los socialistas españoles luchando por la hegemonía de la izquierda y el PP castigado por su incompetencia en la crisis catalana, favorece a Ciudadanos. Provocarán un adelanto electoral...

"(...) Ciudadanos es un partido relativamente nuevo. Creado en 2006 por un grupo de académicos y periodistas catalanes, el partido se ha presentado como el defensor de la identidad española en un territorio dominado por los nacionalistas catalanes y ha respaldado el marco territorial de la Constitución de 1978.

 Inicialmente, limitó sus acciones a Cataluña, donde ganó algunos diputados en el parlamento regional. A partir de 2014, sin embargo, Ciudadanos comenzó a crecer fuera de Cataluña. En las elecciones españolas de 2015, el partido quedó en cuarto lugar, ganando el 14% de la votación nacional. La última encuesta prevé que el 29% de los votos se destinará a Ciudadanos.

 Ciudadanos también ha mutado ideológicamente. Al principio, el partido se definiría como de centro izquierda y promovería los derechos y libertades individuales. Pero en los últimos años Ciudadanos se ha vuelto cada vez más conservador. Hoy en día, la mayoría de los votantes colocan Ciudadanos firmemente a la derecha.  

La transformación ideológica de Ciudadanos ha funcionado bien desde una perspectiva electoral. Después de todo, las encuestas de opinión muestran que el partido dirigido por Albert Rivera está recibiendo la mayor parte de su nuevo respaldo de los antiguos votantes del PP. (...)

Sin embargo, el principal factor en el reciente aumento de Ciudadanos reside en la crisis catalana. El 21 de diciembre de 2017, Ciudadanos ganó las elecciones regionales catalanas.  

Aunque Ciudadanos no podrá formar un gobierno, ya que los partidos independentistas tienen mayoría en el parlamento regional, el partido surgió como el claro líder del campo unionista y uno de los ganadores políticos del manejo de la agitación de la independencia catalana

 "Cataluña ha sido un disparador para nosotros", reconoció el Sr. Rivera en el Financial Times al explicar las buenas perspectivas del partido a nivel nacional. Las encuestas también confirmaron la centralidad de la crisis catalana. El discurso pro español de Ciudadanos y su firme defensa del orden constitucional han otorgado al partido catalán una gran simpatía por toda España.

 La gran pregunta ahora es si los buenos augurios de Ciudadanos se materializarán en apoyo en las urnas. En algunos aspectos, hay una sensación de déjà vu. En el período previo a las elecciones generales de diciembre de 2015, algunas encuestas de opinión pronosticaron que Ciudadanos obtendría el 24% de los votos, pero el partido terminó alcanzando el 14%.

 ¿Las predicciones recientes son simplemente una nueva exageración? No hay duda de que Ciudadanos tiene muy buena prensa entre algunos medios, particularmente en el diario El País, y algunas de las encuestas de opinión podrían haber exagerado la fuerza del partido de Rivera, buscando crear una imagen positiva entre el público español.  

Sin embargo, el clima político ha cambiado en los últimos años. En 2015, la amenaza para el status quo planteada por el partido contra la austeridad Podemos fue percibida como real y la mayoría de los votantes conservadores optaron por el PP. 

 En 2018, el miedo a que Podemos gane poder ha disminuido entre algunos votantes conservadores, ya que al partido antiausteridad no le está yendo tan bien en las encuestas de opinión, por lo que es más probable que suceda la transferencia del PP a Ciudadanos.

 Aún así, la transformación de Ciudadanos en la fuerza hegemónica del centro-derecha implica desafíos muy importantes.

 Primero, según las encuestas electorales, la transferencia de votos del PP a Ciudadanos se está llevando a cabo principalmente en las áreas urbanas. Ciudadanos todavía tiene un problema en el campo español donde los votantes del PP son muy leales al partido del presidente Mariano Rajoy.  

En segundo lugar, el apoyo de Ciudadanos en toda España está geográficamente fragmentado. El partido es poderoso en Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia, pero muy débil en el País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Las elecciones municipales y regionales del próximo año nos darán una indicación de cuán preciso es el pronóstico actual.(...)

 Ciudadanos necesita romper la red política clientelar del PP en el campo y expandir las infraestructuras del partido en aquellas áreas donde son débiles.Asimismo, Ciudadanos exige que la radicalización política continúe en España, para que pueda presentarse como un partido centrista que atrae al votante moderado. Tal como explica con lucidez Juan Rodríguez Teruel, la situación actual, con Podemos y los socialistas españoles luchando por la hegemonía de la izquierda y el PP inclinado hacia la extrema derecha, beneficia a Ciudadanos.

 El dilema catalán sin duda facilita el crecimiento de Ciudadanos en un contexto político en el que tanto socialistas como de Podemos se han penalizado electoralmente por su moderación y el PP ha sido castigado debido a su incompetencia.(...)

 Es un equilibrio muy delicado y las elecciones nacionales no se esperan hasta 2020 ... a menos que Ciudadanos cortocircuite la situación antes."                 (Alejandro Quiroga – Newcastle University, London School of Economics and Political Science)

23.4.18

¿Qué ha estado deteniendo a la izquierda?

"¿Por qué los sistemas políticos democráticos no respondieron con la suficientemente antelación a los agravios que los populistas autocráticos han explotado con éxito?  ¿Por qué no respondieron ante la desigualdad y ansiedad económica, la disminución del estatus social percibido y, ante el abismo entre las élites y los ciudadanos comunes? (...)

En principio, una mayor desigualdad produce una demanda de una mayor redistribución. Los políticos demócratas deberían responder imponiendo impuestos más altos a los ricos y gastando lo recaudado en los menos favorecidos. 

Esta intuición se formaliza en un documento bien conocido en economía política, mismo que fue escrito por Allan Meltzer y Scott Richard: cuanto más amplia sea la brecha de ingresos entre el votante en la mediana y el votante promedio, mayores serán los impuestos y mayor será la redistribución.

Sin embargo, en la práctica, las democracias se han desplazado en la dirección opuesta. La progresividad de los impuestos a la renta ha disminuido, la confianza en los impuestos al consumo regresivos ha aumentado, y la imposición de impuestos al capital ha seguido a una carrera global hacia la baja. 

En lugar de impulsar la inversión en infraestructura, los gobiernos han aplicado políticas de austeridad que son particularmente dañinas para los trabajadores poco calificados. Se rescató a grandes bancos y corporaciones, pero no se rescató a los hogares. En Estados Unidos, el salario mínimo no se ha ajustado lo suficiente, lo que le permite su erosión en términos reales.

Parte de la razón para esto, al menos en Estados Unidos, es que la adhesión del Partido Demócrata a la política de la identidad (destacando la inclusión a lo largo de líneas de género, raza y orientación sexual) y a otras causas socialmente liberales se produjo a expensas de asuntos básicos relativos a ingresos y empleos. Como Robert Kuttner escribe en un libro de reciente publicación, lo único que faltó en la plataforma de Hillary durante las elecciones presidenciales del año 2016 fue clase social.

Una explicación es que los demócratas (y los partidos de centro izquierda en Europa occidental) congeniaron demasiado con las grandes finanzas y las grandes corporaciones. Kuttner describe cómo los líderes del Partido Demócrata tomaron una decisión explícita de llegar al sector financiero después de las victorias electorales del presidente Ronald Reagan en la década del año 1980. (...)

Las políticas económicas de la década de 1990 podrían haber tomado un curso distinto, si Bill Clinton hubiera escuchado más a su Secretario de Trabajo, Robert Reich, académico y defensor de las políticas progresistas, y menos a su Secretario del Tesoro, Robert Rubin, un ex ejecutivo de Goldman Sachs.

Sin embargo, los intereses creados sólo sirven para explicar parte del fracaso de la izquierda. Las ideas han desempeñado por lo menos un papel importante. Después de que los shocks de la oferta de los años 70 disolvieran el consenso keynesiano de la era de la posguerra, y los impuestos progresivos y el Estado de bienestar europeo pasaran de moda, el vacío fue llenado por el fundamentalismo de mercado (también llamado neoliberalismo) del tipo defendido por Reagan y Margaret Thatcher. Aparentemente, parecía que la nueva ola había capturado la imaginación del electorado. 

En lugar de desarrollar una alternativa creíble, los políticos del centro izquierda se dejaron absorber dentro de la nueva forma de hacer las cosas. Los Nuevos Demócratas de Clinton y los Nuevos Laboristas de Tony Blair actuaron como porristas alentando la globalización.  (...)

El economista francés Thomas Piketty ha documentado recientemente una transformación interesante en la base social de los partidos de izquierda. Hasta finales de la década de 1960, los pobres generalmente votaban por los partidos de la izquierda, mientras que los ricos votaban por la derecha. 

Desde aquel entonces, los partidos de izquierda se han visto cada vez más capturados por la élite bien educada, a quien Piketty llama la “izquierda brahmánica”, para distinguirlos de la clase “Mercante” cuyos miembros aún votan por los partidos de derecha. Piketty argumenta que esta bifurcación de la élite ha aislado al sistema político de las demandas redistributivas. 

La izquierda brahmánica no es amigable con la redistribución, porque cree en la meritocracia – es decir, cree en un mundo en el que esfuerzo es recompensado, y cree que es más probable que los bajos ingresos sean el resultado de un esfuerzo insuficiente que de la mala suerte.
Las ideas sobre cómo funciona el mundo también han jugado un papel entre los que no pertenecen a la élite, al amortiguar la demanda de redistribución. 

Contrariamente a las implicaciones del marco de Meltzer-Richard, los votantes estadounidenses comunes no parecen estar muy interesados en aumentar las tasas impositivas marginales superiores o en mayores transferencias sociales. Esto parece ser cierto incluso cuando están conscientes – y preocupados por – el fuerte aumento de la desigualdad.

Lo que explica esta aparente paradoja son los muy bajos niveles de confianza que tienen estos votantes en la capacidad del gobierno para enfrentar la desigualdad. Un equipo de economistas halló que los encuestados “preparados de antemano” por referencias a grupos de cabildeo o el rescate financiero de Wall Street muestran niveles significativamente más bajos de apoyo a las políticas contra la pobreza.

La confianza en el gobierno generalmente ha estado disminuyendo en Estados Unidos desde la década de 1960, con algunos altibajos. También existen tendencias similares en muchos países europeos, especialmente en el sur de Europa. Esto sugiere que los políticos progresistas que prevén un papel activo del gobierno en la reestructuración de las oportunidades económicas se enfrentan a una batalla cuesta arriba para ganar al electorado. El miedo a perder esa batalla puede explicar la timidez de la respuesta de la izquierda.

No obstante, la lección que los estudios recientes nos enseña es que las creencias sobre lo que el gobierno puede y debe hacer no son inmutables. Son susceptibles a la persuasión, la experiencia y las circunstancias cambiantes. Esto es tan cierto para las elites, como lo es para las no élites. Sin embargo, una izquierda progresista que sea capaz de enfrentar a la política nativista tendrá que ofrecer una buena narrativa, además de buenas políticas."                (Dani Rodrik, Project Syndicate, 10/04/18)

Drogas a la estadounidense

"La proliferación de diversas drogas por todo el territorio estadounidense tiene conmocionada a la población pues en casi la mayoría de los hogares existe algún familiar adicto a ese destructor flagelo. 

Las cifras oficiales resultan escalofriantes: En 2016 murieron por sobredosis de drogas más de 59 000 personas, más del total de soldados estadounidenses muertos durante la invasión a Vietnam. Solo los opioides destruyeron la vida de 17.536 habitantes. Nadie escapa a la drogadicción en la nación. 

Si la marihuana y la cocaína han sido durante años las principales sustancias que han proliferado por Estados Unidos, consumidas por adultos, jóvenes y hasta menores de edad, ahora se han impuesto otras mucho más peligrosas en ese profuso mercado que resulta muy difícil de controlar. 

Entre las razones fundamentales de los innumerables actos de violencia y asesinados masivos con armas de fuego ocurridos en escuelas, supermercados, iglesias y lugares de recreación en Estados Unidos aparecen dos cuestiones principales: la tenencia indiscriminada de armas por parte de la población impulsada por la Asociación Nacional del Rifle y la proliferación del consumo de drogas entre jóvenes y adultos. 

Según el Gun Violence Archive (Archivo de Violencia Armada) entre enero y octubre del año 2017 fallecieron en Estados Unidos 545 menores por disparos, ocurrieron 274 tiroteos masivos, se registraron 46 595 incidentes de violencia con armas de fuego con resultados de 11 652 muertes y 23 516 heridos (sin incluir 22 000 suicidios anuales aproximadamente). Las drogas estaban tras muchos de esas desgracias. (...)

Ahora, en esa sociedad tan agresiva, cuyo país esta catalogado como el principal consumidor de todo tipo de drogas que van desde la cocaína, marihuana, LSD, heroína y metanfetamina (también conocidas como crank, speed , ice y tina) se suman en los últimos años las medicinas con opioides fabricadas por la industria farmacéutica de Estados Unidos. 

La compañía Purdue Pharma lanzó al mercado en 1996 su producto OxyContin, un opioide que le produjo a los cuatro años ingresos de 1.100 millones de dólares. Debido a la obtención de tan rápidas ganancias, otras grandes compañías sacaron al mercado los productos Percocet y Vicodin, también opioides. 

Como siempre hacen los medios de comunicación occidentales que se prestan a hacer propaganda de cualquier producto siempre que les brinden altos pagos por los anuncios, Purdue utilizó una agresiva campaña de mercadeo por radio, prensa escrita, programas de televisión así como con médicos, a través de los cuales prometía que el OxyContin, no era nada adictivo y libraría a cualquiera del dolor. 

Ya en 2016 se expidieron alrededor de 300 millones de recetas para fármacos con opiáceos que alcanzaban según un medio especializado de salud para entregar un pomo de calmantes a cada estadounidense, incluidos los recién nacidos. 

El mercado ascendía a 24 000 millones de dólares al año, al transformante de un fuerte calmante a una adicción con enorme dependencia. Numerosos jóvenes comenzaron a consumirlas en las fiestas junto con bebidas alcohólicas. 

Las poderosas corporaciones farmacéuticas, lograron lo que no han podido hacer las grandes mafias traficantes de drogas: distribuirla legalmente e incluso con receta. 

Como siempre sucede en Estados Unidos donde las poderosas compañías compran a políticos, abogados, cabilderos, representantes y senadores, la millonaria familia Sackler, dueña de Purdue Pharma ha entregado abundante dinero a obras “humanitarias y caritativas”, mientras su producto OxiContin le ha reportado desde 1995 más de 35 millones de dólares. 

En el sur de la Florida, el consumo de cocaína sigue siendo la droga más usada, pero ya se han extendido los opioides como el fentanil y la heroína que han acabado con la vida de miles de personas que no pueden desistir de consumirlas. 

A la par, la metanfetamina se abre paso y en los dos últimos años ha provocado más sobredosis, creado una nueva ola de adictos. Solo en Florida el pasado año murieron por sobredosis de metanfetamina, 621 personas, el doble que en 2016 y otras miles han estado envueltas en trifulcas, agresiones, robos y todo tipo de altercados. 

Se afirma que en Estados Unidos las drogas son una voraz epidemia que alcanza a la mayoría de las familias, pero la realidad es que la verdadera epidemia está en el sistema imperante donde el bienestar de la población no resulta importante por encima prevalecen el negocio y la acumulación de dinero de la minoría rica."                (Hedelberto López Blanch , Rebelión, 06/04/18)

¿La Unión Europea garantiza la paz? No...

"¿La Unión Europea garantiza la paz? Aquellos que siguen apoyando esta mentira después de los bombardeos en los Balcanes, el patrocinio del ataque a las regiones de habla rusa de Ucrania por el régimen para-fascista de Kiev, la guerra libia, inseparable de la intervención anglofrancesa, los ahora innumerables participaciones en "guerras humanitarias" que Occidente no deja de alimentar en todo el mundo, solo puede ser de mala fe o, en el mejor de los casos, un tonto. (...) 

Véase, en este sentido, el artículo de fondo en el que Franco Venturini, el "Corriere della Sera", el 27 de marzo, aborda el tema de la nueva ola de sanciones contra Rusia, tras el presunto intento de liquidar a un ex espía pasado a enemigo por el gobierno de Moscú.  (...)

 En definitiva, se nos da a entender Venturini, no importa si las acusaciones son ciertas, lo que importa es que son una gran excusa para elevar la tensión con Rusia, "culpable" para oponerse a una política atlántica que, a pesar de todos los acuerdos anteriores , está intentando por todos los medios colocar sus fuerzas en contacto directo con las fronteras del antiguo imperio soviético. 

 Pero no se ha dicho que Europa tiene mucho menos interés que los Estados Unidos para estirar demasiado la cuerda con el "enemigo" de todos los tiempos (lo que evidentemente sigue siendo así incluso si el comunismo ha muerto desde hace mucho tiempo). 

 Es cierto, pero, como explica Francesco Verderami en otro artículo, se cuenta que "la línea dura contra Moscú puede consolidar la línea suave de Washington en materia de aranceles". 

 Mientras que la renacionalización del proceso político (y de la economía) rediseña a un ritmo acelerado el escenario de conflicto entre grandes potencias, que amenaza con socavar los acuerdos establecidos, los Estados Unidos debe blindar absolutamente a Europa (en un papel siempre subordinada) en su propio bloque político militar. 

 Así Trump mata dos pájaros de un tiro: aleja a las sospechas públicas en Estados Unidos sobre su supuesta "connivencia" con Putin y conduce de vuelta al redil a la oveja europea amenazándola con el palo. (...)"              (Carlo Formenti, MicroMega, 27/03/18)

Descanse en paz, doctor Montes... lo escogieron para desacreditar un modelo, el de la sanidad pública, y golpeándolo desde dentro y desde fuera de las instituciones, sin tregua ni piedad, trataron de que la injuria calara en la ciudadanía y que en el usuario se asentara la idea de que no era seguro ponerse en manos de tipos sin escrúpulos que matan ancianitas moribundas

"Fue el desgraciado caso del doctor Montes, fallecido este jueves, el que probablemente despertó en mi conciencia una sensación que el tiempo iría haciendo más precisa: la furia y la mentira en Internet concederían más alegrías económicas a los dueños de las empresas que monopolizan este invento que la solidaridad.  (...)

El caso del doctor Montes fue paradigmático. Tanto, que serviría de ejemplo de cómo la derecha española comenzó a actuar a la manera de la alt right [derecha alternativa] estadounidense: escogieron a un tipo en concreto, Luis Montes, para desacreditar un modelo, el de la sanidad pública, y golpeándolo desde dentro y desde fuera de las instituciones, sin tregua ni piedad, trataron de que la injuria calara en la ciudadanía y que en el usuario se asentara la idea de que no era seguro ponerse en manos de tipos sin escrúpulos que matan ancianitas moribundas, para dejar camas libres o para barrer del mundo a las personas improductivas.

Así de bárbaros eran los cuentos que se narraban de este médico que desde entonces se convirtió para mí, e imagino que para mucha gente, en un héroe civil. Yo lo leía en blogs, en foros, y asistía estupefacta al linchamiento, porque reconocía a algunas de las personas que lo difamaban y estaba convencida, por tratarse de profesionales informados, de que mentían a caso hecho, sin escrúpulos, porque habían decidido alimentar la injuria contra un individuo con el objetivo de cargarse la estructura en la que trabajaba. 

Calcularon mal los acusadores su fuerza porque, aunque al doctor Montes y a sus compañeros les costó muchas horas ante los tribunales probar que su actuación en los servicios de urgencia del hospital Severo Ochoa había sido adecuada, si hay algo a lo que los españoles no quieren renunciar es a la sanidad pública, y de todos era sabido que uno de los planes del gobierno madrileño de entonces, que con tanto desparpajo capitaneaba Esperanza Aguirre, era socavar los recursos sanitarios públicos y ceder servicios a empresas privadas.

Sabíamos eso. Lo sabía el personal sanitario. También se dio la circunstancia, mala suerte para quienes lo difamaban, que el doctor Montes era querido por muchos de sus pacientes, que su historial como defensor de la sanidad para los necesitados era conocido, y que formaba parte de un movimiento progresista que pretendía humanizar el traumático paso de la vida a la muerte.

Ganó la razón, que tuvo que concedérsela la justicia, porque ni los políticos que protagonizaron tan sucia maniobra ni los periodistas que jalearon las denuncias anónimas pidieron jamás perdón. 

El político popular Miguel Ángel Rodriguez tuvo que apoquinar 30.000 euros por haberse paseado por radios y televisiones calificando a Montes de desarrapado, en el mejor de los casos, y en el peor, de nazi. Pero fue el único que pagó su cuenta en lo que constituyera una campaña en la que participaron muchos. Pintaban a Montes como un Verdoux de nuestro tiempo. 

Henchidos de pronto de piedad acusaban al doctor Muerte de quitarse de en medio a los más vulnerables. Tenían conocimiento, porque lo tenían, de que Luis Montes era ese tipo de médico que está, a la manera chejoviana, siempre al lado del desasistido, del desamparado. Eso es lo más sórdido de este asunto, que lo hicieron a conciencia para desprestigiar a quien representaba un modelo de ejercer la profesión.

De alguna manera, al extender en equipo el bulo y alimentar la mentira, hay que reconocerles el mérito maligno de haber sido pioneros en la propagación de información falsa. Aún esta semana,  cuando ya toda la injuria que pesó sobre él debería haber sido borrada, por haber sido eximido de cualquier mala práctica, ha habido titulares tendenciosos al informar de su fallecimiento, y se leen aquí y allá comentarios de ese tipo de gente propensa a priorizar siempre la conspiración a la verdad, porque la verdad resulta menos atractiva y demasiado simple.

¿Podría un partido político defender su ideario sin valerse de la mentira? Desde luego que sí, pero las redes han descubierto el camino más corto, y hay una parte de la clase política que está dispuesta a hacer uso de ese tipo de foros que enmierdan el ambiente. Aceptan su trabajo sucio."               (Elvira Lindo, El País, 21/04/18)


" El doctor Luis Montes, excoordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa y defensor de la muerte digna, ha muerto este jueves a los 69 años, tras sufrir un infarto cuando se dirigía en vehículo a Molina de Segura (Murcia).

El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente fue acusado en 2005 por el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, valiéndose de una denuncia anónima, de 400 presuntas "sedaciones terminales irregulares".

Tras ser relevado y después de tres años de linchamiento moral y laboral hacia él y muchos de sus compañeros en las Urgencias del Severo Ochoa en Leganés, la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó el caso en 2008 al señalar que Montes y el resto de su equipo no actuó mal.
Antes de ello, en 2007, un juez archivó el caso un mes después de las elecciones municipales y autonómicas de aquel año. Previamente, la Fiscalía ya había afirmado que no veía indicios de delito.

Sin embargo, el auto señalaba que varios pacientes habían fallecido “tras mala práctica médica a la hora de sedarles”. Montes quiso limpiar su nombre y recurrió a la Audiencia Provincial, que finalmente le dio la razón y ordenó eliminar las alusiones que ponían en duda su trabajo.

Sin embargo, la campaña de linchamiento moral y profesional hacia él por parte de la derecha política y mediática ya había caído con toda su fuerza durante muchos años. “Fue una campaña en nuestra contra orquestada por la autoridad sanitaria”, aseguró Montes hace dos años en una entrevista con Público

El excoordinador de urgencias del Severo Ochoa, que nunca recuperaría el puesto, creía que el caso fue una “cortina de humo” para tapar la privatización de la sanidad madrileña, que había comenzado en 2003 con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

"Que la máxima autoridad regional sanitaria anuncie en rueda de prensa que en un hospital público ha habido más de 400 homicidios es un torpedo a la línea de flotación de la relación médico-paciente. Fue un escándalo de unas proporciones inmensas", denunció en otra entrevista con Público meses después."                  (Público, 19/04/18)

"Tuvo un gran impacto, todo el hospital se movilizó y hubo un gran apoyo vecinal y de toda la sociedad. Pero fue muy doloroso porque de todo el equipo de Urgencias, el único que se quedó fui yo porque tenía plaza en propiedad. El resto, unos 20 compañeros, tuvieron que buscar otro trabajo, muchos fuera de la Comunidad, fueron cesados siete jefes de servicio y supervisores por apoyo al conflicto… Fue muy doloroso", agregó.

"(...) Montes, cuya especialización era la de anestesista aunque en Leganés ejercía de jefe del servicio de urgencias, acabó siendo la cabeza visible de un grupo de facultativos del que también formaban parte el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, el internista Frutos del Nogal y el otorrino Carlos Barra, entre otros.

 Todos ellos coparon cargos de responsabilidad en el Severo Ochoa y el Hospital de Móstoles tras una larga trayectoria en el sur de la Comunidad de Madrid, donde lucharon por imprimir a la práctica de la medicina un marcado carácter progresista y de servicio público. 

Un ejemplo es su firme oposición a intentos privatizadores de la sanidad de los Gobiernos del PP. Otro, que se remonta a los años 80, fue su apuesta porque fueran los hospitales públicos los que asumieran la realización de abortos, práctica entonces no siempre accesible para quien la necesitaba y siempre relegada a clínicas privadas. 

Desde los pasillos de urgencias de Leganés, Montes decidió en sus últimos años en ejercicio poner fin a lo que, en sus propias palabras, era una de “las grandes cuentas pendientes de la sanidad pública: la muerte digna”. “La gente sufría y agonizaba durante horas y días sin otra razón que los prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”, solía afirmar.

Esta actitud disgustó a algunos médicos del Severo Ochoa y a los sectores más conservadores del PP madrileño, lo que acabó provocando uno de los mayores escándalos ocurridos en la sanidad pública española durante las últimas décadas.

 Tras recibir una denuncia anónima, y sin contar con informe o prueba alguna que sustentara la gravedad de las acusaciones, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), purgó a Montes y sus aliados en el Severo Ochoa y puso en marcha una auténtica cacería de brujas contra los facultativos, a los que llegó a acusar implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales.

Lamela, en todo momento apoyado por la presidenta regional Esperanza Aguirre, hizo todo lo posible para sustentar las acusaciones. Creó comisiones para que elaboraran informes ad hoc, juego al que se prestaron algunas de las más destacadas figuras médicas de la Comunidad de Madrid. Y adoptó cuanta decisión administrativa fue necesaria para lograr que ni Montes, ni su equipo ni quienes salieron en su defensa volvieran a ocupar cargo de responsabilidad alguno.

 Pero si Lamela logró en su embestida el apoyo de algunos de los sectores médicos más conservadores —y el silencio cómplice de la entonces presidenta del Colegio de Médicos, Juliana Fariña—, el consejero fracasó rotundamente cuando fue la justicia la que examinó el caso. En junio de 2007, el juez instructor archivó el caso con una decisión que tenía algo de salomónica. Por una parte, libraba a Montes y su equipo de toda responsabilidad penal, pero admitía que en cuatro sedaciones se habían producido irregularidades.

Esto dejó insatisfecho a Montes, que recurrió el caso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmontó punto por punto las acusaciones de Lamela y eximió a Montes de cualquier mala práctica.

Empezó entonces otro largo proceso judicial, esta vez sin éxito para Montes y 39 de sus colaboradores, para exigir que fueran resarcidos por los daños morales y económicos sufridos. Pero para Montes, según sus palabras, lo peor que hizo Lamela fue hacer que "la gente muera peor".

Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación. (...)"               (Oriol Güell, El País, 19/04/18)