"Son investigadores cualificados con sueldos basura. En el mejor de
los casos, cobran algo más de 1.200 euros al mes. No saben lo que es una
paga extraordinaria ni la estabilidad en el empleo.
Llevan años
trabajando en precario, encadenando becas de investigación con contratos
sin ninguna garantía de que el currículo que se han ido labrando pueda
ser la puerta para conseguir un puesto de trabajo.
Son los
investigadores de la Universidad de Granada. Hace unos días supieron, a
través de un email, que su salario en diciembre rondaría los cien euros, doscientos para los más afortunados.
El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera del Gobierno de Rajoy
obliga a descontarles una catorceava parte sus retribuciones anuales,
una medida que les aplican en la nómina de diciembre. El próximo mes, el
sueldo de unos mil investigadores de la Universidad de Granada quedará
reducido a la mínima expresión.
Los afectados preparan
movilizaciones. La de Granada es, que se sepa, una de las pocas
universidades que no ha tomado medidas para evitar que los recortes los
dejaran prácticamente sin nómina en diciembre. La institución académica
alega que es una medida impuesta por el Gobierno central, pero la
cuestión es más compleja.
Los contratos de buena parte de los
investigadores están cofinanciados por la Unión Europea, que aporta el
75% del sueldo que cobran los investigadores. ¿Puede el Estado quedarse
con el dinero procedente de Europa destinado a contratos de
investigación?
"Cuando preguntamos nos dicen que Europa no lo sabe, que
si se entera tendrán que devolver el dinero, pero no a
nosotros, sino a la Universidad, porque nuestro contrato ya habrá
finalizado". Quien habla es Giselle García Hípola, de 30 años,
licenciada en Ciencias Políticas y Administración y becaria acogida al
convenio de ayudantes no doctores. (...)
Sus expectativas de futuro se han desmoronado y piensa
que cuando finalice su contrato la invitarán a salir de España. "Estamos
demasiado cualificados para las empresas privadas, que nos ven como una
amenaza y no nos va a contratar, y la Universidad para la que hemos
trabajado nos cierra las puertas en las narices", afirma. "Nos han
cambiado las reglas de juego en mitad de la partida y eso no es justo". (...)
En el fondo, las universidades abusan de los investigadores de la misma
manera que lo hacen las empresas privadas con los trabajadores en
prácticas. "No le importamos a nadie, ese es nuestro drama",
relata. "Ni siquiera queremos que nos paguen lo que cobran los
investigadores en otros países, pedimos que al menos se nos reconozca y
no se nos trate como a despojos".
Lo que sucede, para Giselle, es que la
sociedad no valora el trabajo de los investigadores. "Todos queremos
que se encuentre un remedio para el cáncer pero nadie quiere pagarlo,
ese es el problema", señala." (Público, 21/11/2012)
"Los recortes de sueldo que el Gobierno está llevando a cabo en los
empleados públicos han saltado al ámbito europeo.
Científicos españoles
que participan en proyectos de investigación de la Unión Europea (UE)
denuncian que sus salarios están siendo recortados a pesar de que éstos
vienen directamente de Bruselas.
Clara -nombre ficticio porque
teme represalias por sus declaraciones- trabaja en uno de estos
proyectos europeos desde el pasado mes de marzo, en el Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid (adscrito al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC). Esta química de 26 años explica que
la burocracia asociada a la solicitud de fondos europeos es realmente
abrumadora, "debiendo detallar de antemano el sueldo de todos y cada uno
de los participantes en el proyecto".
En base a toda esa
documentación, la UE concede una determinada financiación para cubrir
exclusivamente los costes del proyecto descrito en la solicitud. Sin
embargo, Clara asegura que "tras el anuncio por parte del Gobierno de
nuevos recortes a los empleados públicos, ya cobré menos en agosto y no
tendremos la paga extra de Navidad". La investigadora no entiende "dónde
va a parar un dinero que nos quitan y que únicamente se concedió para
gastarlo en este proyecto, no en ninguna otra cosa".
Federico
Soria, el director del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid,
justifica estos recortes explicando que "el sueldo de los investigadores
lo paga el Estado, no Europa" (...)
Soria admite que "es una pequeña trampa que se hace a la Unión Europea",
pero que viene avalada por la ley de 1986, que no se vio modificada en
ese aspecto por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. Desde la Comisión Europea, el portavoz
consultado por Público.es asegura que la UE no tiene ninguna constancia
de este tipo de prácticas, a pesar de ser algo extendido en buena parte
de los organismos investigadores en España. (...)
Soria lamenta que "este año vivimos un 30% peor que el año pasado,
puesto que el recorte este año al CSIC fue del 30%" y, aunque De Guindos
sostiene que los presupuestos para 2013 no han reducido la partida de
I+D, el científico afirma que el año que viene "ya nos han dicho que
tendremos que asumir otro recorte del 10%".
Unos tajos en el presupuesto
que en centros como el Instituto de Materiales tienen graves
consecuencias, puesto que "ya estamos súper optimizados con un equipo
gestor de 9 para más de 400 personas, sin secretarias" en un centro
cuyos costes anuales rondan los 20 millones de euros. " (Público, 21/11/2012)
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