"Se ha suspendido el desahucio sin nueva fecha porque la familia
tiene cuatro menores y no se han presentado los servicios sociales
municipales".
Así comunicaba esta mañana uno de los integrantes de la
comitiva judicial la suspensión del desahucio de una familia que ocupa
una de las casas baratas del barrio del Bon Pastor de
Barcelona, donde se han concentrado una veintena de activistas de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La paradoja es que la casa pertenece al Patronato Municipal de la
Vivienda, que es quien ha solicitado el desahucio, y que ha sido la
ausencia de asistentes sociales del propio ayuntamiento quien ha
impedido que se ejecutara.
El
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Generalitat y el
Ayuntamiento firmaron hace un año un protocolo por el que no se ejecutan
desahucios de familias con menores sin la presencia de los servicios
sociales que se ocupen de asistirles. El consistorio asegura que si
los servicios sociales no estaban ha sido debido a "un malentendido".
La ocupante de la vivienda, que ha pasado de la angustia por el
desahucio a pegar saltos de alegría, es María Escudero. Tiene 35 años y
cinco hijos de 18, 17, 13, 12 y 10 años. Sin relación con el padre de
los cuatro primeros, relata, el de la última se encuentra en prisión por
abusos sexuales.
"Cuando entró en prisión nos metimos aquí que es dónde
habíamos vivido con él antes de producirse los abusos, y descubrimos
que debía 8.000 euros", explica. La pequeña casa que ocupa la familia,
en la calle de la Granadella, es de las que serán derribadas cuando se
produzca la tercera fase del realojo de los vecinos en pisos de nueva construcción, cuyas obras están avanzadas, aunque el plan lleva al menos cuatro años de retraso.
Escudero asegura que presentó un escrito al Ayuntamiento: "Yo no me
niego a pagar, solo pido pagar acorde a mis ingresos de mil euros y a la
circunstancia de que tengo cinco hijos". Esta mañana solo el mayor,
José, estaba en la casa. El resto han ido al colegio. La mujer asegura
que pese a la insistencia el Ayuntamiento no le facilita ayudas.
El consistorio barcelonés subraya que se trata de "un caso de
ocupación ilegal" y argumenta que el Patronato "no puede consolidar
ocupaciones ilegales del parque público de viviendas que gestiona y que
tiene unos mecanismos reglados para acceder a él". Sobre la ausencia de
los servicios sociales, la respuesta del ayuntamiento es que "se ha
activado el protocolo habitual de estos casos pero por un malentendido
cuando se ha llegado al domicilio la comisión ya se había marchado". (El País, 10/04/2014)
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