"El modelo de rescate bancario en España, fundamentalmente de las Cajas
de Ahorro, ha sido todo menos transparente e inocuo para el
contribuyente. (...)
El último ejemplo, el de Cataluña Caixa, ha sido verdaderamente
sangrante, con una inyección de casi 12.000 millones €, y asumiendo el
Estado todos los posibles quebrantos por sentencias judiciales, lo que
sin duda es un gran regalo para la entidad adjudicataria, como antes lo
fueron otras entidades para completar el mapa financiero. En conjunto,
la inyección de dinero público se acercaría a los 240.000 millones €, es
decir más de un 20% del PIB.
Este modelo de rescate bancario ha tenido
una peculiaridad, en comparación con otros ejemplos históricos. Por
ejemplo, los gestores no fueron cesados hasta después del proceso de
nacionalización, o incluso en algunos casos, muchos de ellos se
mantienen en sus puestos, a pesar de las ayudas recibidas, tras una
pésima gestión.
Tampoco se ha dado información completa de la verdadera
situación de las entidades afectadas, pues incluso tras la inyección
masiva de capital, es muy probable que tenga que haber otra ronda
adicional de capitalización. (...)
Frente a esta chapuza legislativa, que empezó con las fusiones frías,
continuó con la recapitalización mediante el uso de instrumentos como
las preferentes y terminó en varios RD que han combinado saneamiento con
dinero público y regalos a los principales bancos del país, contrasta
con el modelo sueco en el año 1992.
En primer lugar, el proceso fue
absolutamente transparente, y contó con la dirección del Gobierno y el
Banco Central. Los gestores de las entidades afectadas fueron
desalojados de forma fulminante de sus puestos, algo que no se ha hecho
en España.
Sólo tras un análisis exhaustivo de los balances, no como los
casos de la CAM, Bankia, NovaGalicia, Cataluña Caixa, o el Banco de
Valencia aquí, se comenzó a inyectar capital, y se nacionalizó todo el
sector.
Tras el reparto de costes entre acreedores y deudores, la banca
se saneó, se sacó a la venta y apenas costó dinero al erario público. (...)
La realidad española dista mucho de esta solución. El regulador ha
consentido que las entidades intervenidas sigan siendo gestionadas por
los mismos que llevaron a dicha intervención, saltándose todo el
protocolo en materia de salarios o indemnizaciones, cuyas cifras
deberían avergonzar a las dos partes.
El grado de transparencia ha sido
mínimo, teniendo aquí a ilustres aliados en los Consejos de
Administración de muchas de estas entidades, cuyos representantes son
elegidos por parte de los grandes partidos políticos, sin distinción, en
oscuras maniobras de repartos de poder. La inyección de capital a
través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco ha
servido para solucionar los problemas de solvencia y liquidez, se ha
abandonado cualquier intento de reducir la deuda de los afectados, y se
persiste en la valoración artificial de los activos tóxicos, para lo que
han contado con la alianza del nuevo Ejecutivo de Rajoy.
En resumen, se está intentando salvar a todas las entidades, sin
reducir capacidad, y por supuesto mantener intacto el volumen de deuda, y
la valoración de activos, generando situaciones de desahucios y
alzamientos, que aumentan la exclusión social, la pobreza y la mora.(...)" (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 27/04/2014)
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