"Contaba Narcís Serra que una de las primeras decisiones que tomó al asumir la presidencia de Caixa Catalunya
en 2005 fue la de impartir un curso de finanzas a los miembros del
Consejo de Administración de la entidad antes de cada reunión.
A la
práctica, eso significaba que el máximo órgano de gobierno de la caja
vinculada a la Diputación de Barcelona —controlada entonces por el PSC—
confiaba ciegamente en la estrategia del director general, entonces
Josep Maria Loza —que salió con una indemnización de 10 millones de
euros—, y su entorno. Hoy una cincuentena de miembros del consejo de la
entidad en 2010, incluido Serra, están imputados por cobros
“desproporcionados” en plena crisis.
La que fue la segunda caja de ahorros catalana decidió aprovechar la burbuja inmobiliaria para romper las fronteras
que hasta entonces la encorsetaban en su comunidad. Como muchas otras
entidades, Caixa Catalunya se lanzó a financiar a promotores. Pero
además, la entidad armó su brazo inmobiliario Procam, que se plantó en
el arranque de la crisis como una de las diez mayores sociedades del
sector.
La compañía constituyó más de 80 filiales que agrupaban una
inversión total de 4.500 millones de euros. La promotora empezó a
levantar promociones, en ocasiones sola y en otras con promotoras
locales. Lo hizo sobre todo en el litoral mediterráneo, pero también se
aventuró, por ejemplo, a construir un gran desarrollo turístico en el
Algarve portugués.
Su estrategia de expansión se basó también en captar clientes en
otras comunidades a través de la concesión de hipotecas, en especial a
clientes que habían sido rechazados por otras cajas y bancos. A ello
contribuyó que en esa época el departamento de riesgos dependiera de la
dirección comercial.
Al comienzo de la crisis, Caixa Catalunya era ya la
segunda entidad con mayor morosidad del sistema, solo por detrás de
Caja Castilla-La Mancha. El 32% de las hipotecas de su balance habían
sido concedidas por más del 80% del valor de tasación de los activos.
Eso era una auténtica bomba de relojería que hubiera estallado si el
Estado no hubiera empezado a bombear fondos públicos.
Para tratar de tapar la herida, la entidad se fusionó en 2010 con las
cajas de Tarragona y Manresa y recibió un primer crédito del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.250 millones de euros.
Sin embargo, esos fondos fueron insuficientes para parar la hemorragia
que provocó la acumulación de activos tóxicos en su balance. La entidad
fue nacionalizada primero y luego capitalizada con fondos procedentes de
la Unión Europea.
En total, la entidad ha recibido 12.050 millones de
euros procedentes del bolsillo de los contribuyentes, a los que hay que
sumar otros 572 millones que se inyectaron para vender la cartera de
hipotecas tóxicas, que finalmente se quedó Blackstone.
Ese año, el de la
inyección de capital con fondos de la Unión Europea, CatalunyaCaixa
acabó con unos números rojos de 11.856 millones de euros que en 2013 logró remontar al apuntarse un beneficio de 532,2 millones que consiguió gracias a los créditos fiscales, que ascendieron a 2.023 millones de euros, y el burden sharing, es decir, el capital que pudo
obtener gracias a que los tenedores de instrumentos híbridos
—preferentes y deuda subordinada— asumieron parte de las pérdidas.
La entidad tampoco ha sido ajena a los escándalos a propósito de los
sueldos de los directivos y el consejo. El antiguo presidente de la
caja, Adolf Todó, fue despedido de forma procedente para evitar el pago
de 4,5 millones de euros. Sin embargo, Todó ganó el primer asalto
judicial después de que el juez sentenciara que debía ser readmitido o
bien indemnizado con 1,2 millones de euros." (
Lluís Pellicer
, El País, Barcelona
22 JUL 2014)
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