"Para la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, "sólo cambia el casero",
pero para Julia Rodríguez y su hija Paloma ha cambiado algo más. Desde
que el Ayuntamiento de Madrid vendiera 1.860 viviendas sociales de su
parque público al fondo de inversión estadounidense Blackstone, el piso
en el que viven Julia y Paloma ha dejado de tener una función social
para convertirse en un bien especulativo.
La orden de desahucio,
por impago del alquiler, no se hizo esperar. Llegó en abril, pero el
movimiento antidesahucios consiguió aplazarlo. Este jueves es el día
definitivo en el que esta anciana de 80 años, que espera su segunda operación de cadera mientras se recupera de un cáncer de mama, y su hija, desempleada con 45 años y un trastorno límite de la personalidad diagnosticado hace varios años, tendrán que abandonar el piso en el que han vivido desde 2011.
En
el salón del apartamento, en el número 12 de la calle Salvador Allende,
Julia recuerda entre el aluvión de pastillas propio de las personas de
su edad las largas esperas en la cola para solicitar su vivienda social.
Era 1998, su hija ganaba 900 euros al mes poniendo cafés en una cadena
multinacional, y junto a los escasos 600 euros de la pensión de viudedad
de ella decidieron que podrían hacer frente a los 517 euros de alquiler
que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) les cobraba por la
casa, a la que entraron en 2011. "Puede ser que nos precipitásemos.
Veníamos de vivir en un piso de poco más de 20 metros cuadrados que dejó
de ser de renta antigua. No pensamos en las facturas, sólo en el
alquiler. Ahora esta casa es demasiado cara para nosotras", se justifica
Julia.
Pero Paloma perdió el trabajo, enfermó y, cuando se le terminó el
paro, comenzaron los impagos. No es que la EMVS no desahucie a sus
inquilinos. Lo hace a menudo, aunque a la hora de negociar y de frenar
el proceso es más factible arrancarle un nuevo acuerdo, explica Manuel
San Pastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la vivienda
Pública y Social (PAVPS), que ha intentado sin éxito paralizar el
desalojo ante el juez, renegociar con Fidere (la empresa inmobiliaria de
Blackstone, nueva propietaria del bloque) y buscar una nueva vivienda
social más asequible para madre e hija.
Julia no pierde el
tiempo, porque no le queda mucho. Recorre a pasos cortos su casa con la
muleta en una mano y el teléfono en la otra. Sus últimos meses han sido
un ir y venir de ventanillas, oficinas y direcciones. "El lunes
intentamos que nos atendieran en el Ayuntamiento, pero no nos dejaron
entrar. Llegó la Policía para desalojarnos y acabé en el hospital. Me
desmayé", relata la afectada.
La única solución que le han dado los
servicios sociales ha sido que busque una residencia para ella y
conseguir una habitación para su hija. "No podemos separarnos. Yo
necesito ayuda y mi hija no puede irse sola con su enfermedad", lamenta
Julia. Todas las viviendas que les ha ofrecido la EMVS siguen siendo
demasiado caras para ellas, y tampoco pueden renegociar un nuevo
alquiler porque "este piso ya pertenece a otro dueño. Eso es lo que nos
dicen", afirma.
"Lo que hace Fidere es mercadear con viviendas públicas que el
Ayuntamiento les ha vendido con un precio muy inferior al de mercado.
Nuestra plataforma está recibiendo casos en los que Fidere no respeta
las condiciones que los inquilinos firmaron con la EMVS", denuncia San
Pastor, que añade que se ha hecho el mismo negocio con cerca de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA).
"Esta venta está denunciada penalmente por prevaricación y
malversación. También por la vía administrativa. Se han vendido por una
precio inferior al que costaron, y eso suponen una pérdida patrimonial
para el Ayuntamiento y también para los madrileños", argumenta el
abogado.
Nadie había avisado a Julia de la operación que había urdido Ana
Botella. Un día salió a comprar y encontró un gran cartel en la fachada.
"Alquiler de viviendas desde 430€/mes*. No dejes escapar la
oportunidad". Lo firmaba un tal Fidere que ha resultado no ser una
persona, como Julia pensaba. Al menos a ella no le subieron el alquiler,
pero la empresa sí que le informó por carta de que tendrían que
cobrarle el impuesto de basuras, la cuota de la comunidad y "otros
gastos que con la EMVS no teníamos que pagar", subraya.
Blackstone, el fondo buitre que ha adquirido las 1.860 viviendas de
la EMVS por una media de 65.000 euros cada una, no sólo va a desahuciar a
Julia. Hay otros casos muy similares y a pocas calles de distancia. La
fórmula que utiliza la empresa estadounidense para pescar en las
miserias de una ciudad en quiebra es la Somici, sociedad anónima
cotizada de inversión en el mercado inmobiliario, más conocidas como las
sicavs inmobiliarias.
Eso es Fidere, su filial, que se ha
acogido a las nuevas regulaciones en la materia para beneficiarse, entre
otras cosas, de la exención en el pago del Impuesto de Sociedades y una
bonificación del 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Menos beneficios disfrutarán
Julia y su hija, que con la ayuda de los activistas intentarán frenar su
desalojo. "He visto por la televisión que a veces los policías sacan a
rastras a los inquilinos que no se quieren ir. Eso es lo que más miedo
me da, porque tengo ya 80 años. Pero tampoco tengo a dónde ir",
sentencia Julia antes de probar suerte de nuevo en los servicios
sociales." (Público, 15/10/2014)
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