19.11.14

“Los 3.000 millones de euros perdonados a las eléctricas es la mayor estafa que ha ocurrido en España”

"No ha habido una estafa de mayor cuantía en la historia de la corrupción en España” afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización que agrupa a ecologistas y consumidores, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas, “y es la punta del iceberg”.

“La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la consulta (…) sobre las compensaciones a determinadas sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica por los denominados costes de transición a la competencia”. 

Así comienza el Informe jurídico de la Abogacía del Estado que destapa un posible fraude provocado por las puertas giratorias entre el poder político y las grandes eléctricas, según ha publicado El País.
(...)

Asegura Romero que “si se destapase toda la estafa que hay detrás de las grandes eléctricas, se podría subsanar no solo la pobreza energética en España, sino la pobreza en general”, y añade “según un estudio realizado en 2012, solo en ese año se realizaron 1,4 millones de cortes de suministros a familias sin recursos, dejándoles sin este bien esencial para poder tener una vida digna, y en este contexto, en el que sube la luz, en el que aumenta el número de hogares abocados a la pobreza energética, el Gobierno deja prescribir una deuda multimillonaria. Es una vergüenza”.

“Ahora nuestro siguiente paso es conseguir que Fiscalía realice una auditoría del sector y especialmente nuestro objetivo es sacar a la palestra los windfall profits, (beneficios caídos del cielo), es decir, unos 3.400 millones de euros al año en beneficios que se llevan limpios la nuclear y la gran hidráulica”, y añade “hemos calculado que ese dinero que ha salido todos estos años del bolsillo de todos los españoles podría suponer una suma en torno a 20.000 millones de euros”. (...)

Los hechos se remontan al año 1997, cuando las eléctricas y el Gobierno del PP pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. 

El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.

La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el incremento de los precios del mercado eléctrico –en el que tres de las eléctricas ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto. Pero el procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.

Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de UNESA, en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más, a lo que concluye Cote Romero, “una vez más se demuestra que son las denuncias ciudadanas las que destapan la corrupción en nuestro país y los supervisores brillan por su ausencia”.           (Declaraciones de Cote Romero, EnergyNews , Rebelión, 19/11/2014)

 
"(...)  La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. 

Las eléctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley. (...)

El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado eléctrico, el Gobierno del PP creó los CTC, un sistema de compensación a las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que les había obligado a hacer.

 El Ejecutivo se comprometía a abonarles una remuneración de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma, esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997 (8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo criticó mientras estuvo en la oposición.

El sistema funcionó más o menos  como estaba previsto hasta que, en 2005, con la subida del petróleo y del gas, aumentó el precio de mercado a más de 50 euros por megavatio. Eso implicó que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación.

Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre septiembre de 2006 y abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, explica que encargó el informe a la abogacía del Estado antes de pedir la devolución. "Se habían pasado de frenada y habían cobrado de más". 

Nieto no recuerda el cálculo exacto de cuánto estimaban que los consumidores habían pagado indebidamente, pero afirma que "era una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones". Otros cálculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones, según lo que se considere a restituir. 

Nieto consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. La segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".

El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver.  (...)

Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que "Industria debió liquidar los CTC, pedir la devolución de los 3.400 millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de consumidores".

En julio de 2010, el Ejecutivo buscó fórmulas para recortar la factura eléctrica pero el derecho a reclamar los CTC ya había prescrito."           ( /   El País,  Madrid 16 NOV 2014)

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