"No ha habido una estafa de mayor cuantía en la historia de la
corrupción en España” afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético, organización que agrupa a ecologistas y
consumidores, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una
investigación a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas, “y
es la punta del iceberg”.
“La Abogacía General del
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la
consulta (…) sobre las compensaciones a determinadas sociedades
titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica por los
denominados costes de transición a la competencia”.
Así comienza el Informe jurídico de la Abogacía del Estado
que destapa un posible fraude provocado por las puertas giratorias
entre el poder político y las grandes eléctricas, según ha publicado El País.
(...)
Asegura Romero que “si se destapase toda la estafa que hay detrás de
las grandes eléctricas, se podría subsanar no solo la pobreza energética
en España, sino la pobreza en general”, y añade “según un estudio
realizado en 2012, solo en ese año se realizaron 1,4 millones de cortes de suministros
a familias sin recursos, dejándoles sin este bien esencial para poder
tener una vida digna, y en este contexto, en el que sube la luz, en el
que aumenta el número de hogares abocados a la pobreza energética, el
Gobierno deja prescribir una deuda multimillonaria. Es una vergüenza”.
“Ahora
nuestro siguiente paso es conseguir que Fiscalía realice una auditoría
del sector y especialmente nuestro objetivo es sacar a la palestra los windfall profits,
(beneficios caídos del cielo), es decir, unos 3.400 millones de euros
al año en beneficios que se llevan limpios la nuclear y la gran
hidráulica”, y añade “hemos calculado que ese dinero que ha salido todos
estos años del bolsillo de todos los españoles podría suponer una suma
en torno a 20.000 millones de euros”. (...)
Los hechos se remontan al año 1997, cuando las eléctricas y el
Gobierno del PP pactan una transición de un mercado regulado a uno
liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas
por aquéllas bajo el marco anterior.
El instrumento de esta garantía,
los denominados Costes de Transición a la Competencia, prevé el destino
de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a
las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran
insuficientes para la rentabilización de las inversiones.
La
realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el incremento de los
precios del mercado eléctrico –en el que tres de las eléctricas
ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar
mucho más de lo previsto. Pero el procedimiento para reclamar a las
eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a
la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su
devolución.
Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el
Ministerio de Industria y la sede de UNESA, en la que decenas de
activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes
eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la
devolución de los CTCs cobrados de más, a lo que concluye Cote Romero,
“una vez más se demuestra que son las denuncias ciudadanas las que
destapan la corrupción en nuestro país y los supervisores brillan por su
ausencia”. (Declaraciones de Cote Romero, EnergyNews , Rebelión, 19/11/2014)
"(...) La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que
devolvieran lo cobrado de más por los Costes de Transición a la
Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de
marzo de 2008 así lo avalaba.
Las eléctricas siempre han negado que
hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley. (...)
El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado
eléctrico, el Gobierno del PP creó los CTC, un sistema de compensación a
las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que les había
obligado a hacer.
El Ejecutivo se comprometía a abonarles una
remuneración de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma,
esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997
(8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo criticó mientras estuvo en la oposición.
El sistema funcionó más o menos como estaba previsto hasta que, en
2005, con la subida del petróleo y del gas, aumentó el precio de mercado
a más de 50 euros por megavatio. Eso implicó que las eléctricas
(Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico)
cobraran más de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto
ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la
liquidación.
Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre septiembre de 2006 y
abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo,
en Washington, explica que encargó el informe a la abogacía del Estado
antes de pedir la devolución. "Se habían pasado de frenada y habían
cobrado de más".
Nieto no recuerda el cálculo exacto de cuánto estimaban
que los consumidores habían pagado indebidamente, pero afirma que "era
una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000
millones". Otros cálculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones,
según lo que se considere a restituir.
Nieto consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. La
segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha
liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades
superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos
agentes la devolución de estos excesos".
El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones
generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces
abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes
Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente
contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho
que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido
permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El
informe no cifra la cantidad a devolver. (...)
Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que
"Industria debió liquidar los CTC, pedir la devolución de los 3.400
millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es
algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de
consumidores".
En julio de 2010, el Ejecutivo buscó fórmulas para recortar la
factura eléctrica pero el derecho a reclamar los CTC ya había prescrito." (
Manuel Altozano /
Rafael Méndez
, El País, Madrid
16 NOV 2014)
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