TTIP: El asalto de las multinacionales a la democracia

"(...) El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés como TTIP, se lleva negociando (al menos oficialmente) desde 2013, en un clima de escandalosa desinformación y opacidad que despierta no solo los recelos, sino también las denuncias de las organizaciones y movimientos sociales que, aunados en toda Europa, intentan revertir la posible aprobación de lo que comienza a denominarse como “OTAN económica”. (...)

TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia describe la trayectoria de los últimos impulsos liberalizadores y desmenuza el intento de consolidarlos en el viejo continente a través de un Tratado tan complejo e incierto como desconocido.

 El TTIP responde a un nuevo tipo de tratados de libre comercio, denominados de “nueva generación”, que van más allá de los clásicos tratados, aun incorporando los principales elementos de éstos. 

Y es que los de nueva generación no sólo buscan la eliminación de todas las barreras que dificulten el libre intercambio comercial en una zona determinada (arancelarias o no), sino que también pretenden la fijación de estándares normativos comunes a nivel internacional que acerquen los diversos marcos jurídicos a un mínimo denominador. 

Se trata, en consecuencia, de crear verdaderos mecanismos con finalidades regulatorias en un intento, como señala la autora, de reubicar el poder a una escala supranacional y lejos del control democrático que se sigue dando, aunque cada vez más de forma más tenue, en el Estado-nación. (...)

Liberalizar los intercambios comerciales, de bienes y servicios, reducir los obstáculos arancelarios y normativos, y crear mecanismos de resolución de controversias para las grandes multinacionales, constituyen los puntos principales del TTIP. 

Si bien la creación de un área de libre comercio, con la eliminación de los aranceles y barreras de efecto equivalente ya existentes, es de por sí temible al ampliar un modelo de liberalización supranacional que ya ha demostrado su incidencia en los derechos sociales a nivel europeo, es el segundo gran pilar del TTIP, a saber, la llamada “cooperación reguladora”, el que se erige en uno de las previsiones más amenazadoras para lo que queda del Estado social en Europa. 

Y es que, a diferencia de los clásicos tratados enmarcados en la OMC, el TTIP pretende acercar las regulaciones de ambos lados del Atlántico en materias tan dispares como la laboral o la medioambiental, con el objetivo siempre primordial de mejorar el rendimiento del libre mercado, ahora ampliado. 

De hecho, el TTIP recoge incluso la creación para tal fin de una institución ad hoc, el Consejo de Cooperación Reguladora, el cual, bajo la égida del tecnicismo y del conocimiento de los arcanos de la economía, se convertiría en un mecanismo de difícil adecuación democrática que, saltando a los Estados y sus instrumentos clásicos de representación, impondría la homogeneización y convergencia de estándares normativos entre los dos bloques.

En este sentido, la experiencia, y aun la propia carga teórica (neoliberal) que da sustento a los procesos de liberalización, nos demuestran que entre dos ordenamientos asimétricos que convergen siempre prima el menos proteccionista.

 Así, donde uno de ellos es más débil de cara a la protección de los derechos sociales y más “fuerte” en cuanto a sus potencialidades puramente mercantilistas, y otro es más proteccionista y presenta mayores dificultades para el pleno desenvolvimiento de las fuerzas productivas desde la óptica del libre mercado, la balanza siempre se tiende a inclinar en favor del primero, es decir, del minimum que garantiza mayores réditos de acumulación para los agentes privados. 

La cooperación reguladora y la integración comercial servirían para nivelar, a la baja, los sistemas de protección social europeos con el fin de adecuarlos a los estándares de Estados Unidos (menos garantistas, evidentemente), puesto que ello sería más funcional al propio proceso de liberalización subyacente y a la ideología que le da cobertura. 

Prácticas como el dumping social o las privatizaciones masivas de sectores públicos, que ya de por sí tienen cabida en el seno del proceso de integración europeo, ahora se verían amparadas jurídicamente en un nivel superior por un nuevo marco normativo muy alejado de los Estados y, por supuesto, de los ciudadanos. (...)

 Al mismo tiempo, el TTIP contempla la creación de un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS), por el cual, ante el posible incumplimiento de algunas de las previsiones contenidas en el Tratado y en la normativa derivada de la nueva zona de libre comercio, los agentes privados pueden demandar al Estado incumplidor ante un órgano de arbitraje que, con una burda apariencia de jurisdiccionalidad, se encargaría de aplicar las normas y regulaciones a las que está sometido… entre las que no figuran, claro está, ningún catálogo de derechos sociales a nivel transatlántico. 

Por tanto, un mecanismo con difícil encaje democrático y de pretendida, sin serlo, naturaleza jurisdiccional, tendría en sus manos la resolución de posibles nacionalizaciones, expropiaciones o cambios normativos por parte de aquellos Estados que, en uso de su soberanía, así lo decidieran. 

Como la experiencia nos demuestra en el caso del CIADI, la porosidad de tales mecanismos de arbitraje y sus estrechos vínculos con el mundo de la lex mercatoria internacional, amén de su subordinación a una normativa puramente mercantilista, garantizan al inversor una situación de preeminencia y de trato favorable frente al Estado y su soberanía.  (...)"      ( (Reseña del libro de Adoración Guamán; Akal, Madrid, 2015, 192 págs, Gabriel Moreno Gonzalez y Adoracion Guaman, economía crítica y crítica de la economía, 21/11/15)