24.6.16

Cuatro años después, tras 40.000 millones que ya se dan por perdidos, el sistema financiero ha salido a flote. No así gran parte de la sociedad... la que hundieron

"Casi todo parecía un cuento feliz hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las páginas de la historia empezaron a llenarse de altas cifras de desempleo, recortes públicos y subidas de impuestos. Y, para muchos, la angustia de no poder pagar la vivienda.

 Los desahucios aumentaron. Los bancos no querían perder dinero. Y, en esas, los únicos que perdieron fueron los ciudadanos expulsados de sus casas o engañados por los productos tóxicos de la banca. Los primeros suicidios de afectados crearon una mayor presión social y el Gobierno del PP respondió con una tímida respuesta en 2012: un código voluntario de buenas prácticas para los bancos y el Fondo Social de Viviendas (FSV).

Meses después, en plena Eurocopa de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, añadía un nuevo capítulo. Anunciaba que España había conseguido un “préstamo en condiciones muy ventajosas” por parte del Eurogrupo. Un rescate que el Gobierno, bajo ese concepto, siempre ha negado, y que a cada español le costó unos 850 euros. 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero español, del que sólo empleó 41.300 euros.

Cuatro años después, tras varias reformas bancarias, el sistema financiero ha salido a flote. No ha ocurrido lo mismo con parte de la sociedad que, como puede, se enfrenta aún a los desahucios o denuncia los fraudes de los productos tóxicos. Tampoco existe una política pública de vivienda que respete los derechos humanos. Una historia con un final feliz para el sistema financiero y agridulce para el resto de la sociedad: la banca rescatada se ha reestructurado, sigue teniendo beneficios… y el Gobierno da por perdido el rescate. (...)

La andadura de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya comenzó hace siete años. Las medidas de austeridad terminaron de asfixiar a muchas familias y sus viviendas. Como ayuda, sólo encontraron a esta plataforma. En estos cuatro años de Gobierno, el Partido Popular no ha respondido a sus peticiones. 

Desde 2009, ya se acumulan casi medio millón de desahucios y 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas, según la PAH. Incluso se alcanzaron los 184 desahucios al día, en 2013. Ellos siguen con su meta: parar desahucios, recuperar viviendas vacías, conseguir la dación en pago y crear cambios legislativos.

“Hemos hecho una ILP estatal con un millón y medio de firmas, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó una solución. (...)

Macías recuerda el impacto psicológico de los desahucios, el sentimiento de vergüenza, culpa, o fracaso y el impacto en la infancia. “Por las asambleas, sabemos de familias que alargan la leche de sus hijos con agua para tener dinero con el que pagar al banco”, confiesa el portavoz. Ante la débil política de vivienda estatal, este colectivo sigue con su petición de las 5 de la PAH, “políticas de sentido común y de dejar de servir a la banca”. 

Con más recortes, más desempleo y más vulnerabilidad, la tendencia es una mayor solicitud de vivienda social. Pero el Gobierno no ha respondido así. “La vivienda siempre se ha tratado como un bien de inversión, y no se ha legislado como un derecho humano, está invisible en la legislación”, explica Marta Mendiola, de Amnistía Internacional. Es un mal que viene de antes de la crisis, pero ésta aumenta la demanda.

El resultado ha sido insuficiente, donde España incluso incumple tratados internacionales: “Desde el 2008 hasta 2015, se reduce en más de un 50% la inversión en vivienda social. (...)

En este proceso aparecieron los llamados fondos buitre. El IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) “vendió casi 3000 viviendas públicas a un fondo de inversión bajo la excusa de que era necesario para conseguir el equilibrio presupuestario. Era otro argumento económico para un derecho humano, y las familias lo padecieron”, explica esta responsable.

Que la vivienda no es considerada como un derecho humano se observa en las medidas aplicadas y en otros detalles. Por ejemplo, en las estadísticas del Gobierno, donde no se contabilizan las personas implicadas en el desahucio (número, edad, sexo…). De hecho, en los datos del Consejo General del Poder Judicial no se registran desahucios, sino lanzamientos practicados desde 2013 sin distinguir el inmueble. Sin saber quiénes son los afectados reales “es muy difícil adoptar medidas y diseñar políticas de vivienda pública”, determina."                  (Público, 22/06/16

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