"Estrella fue desahuciada el día que cumplía 50 años. Y
perdió su vivienda de forma literal. "El desahucio fue a las diez, y una
hora después toda mi vida estaba en un camión lleno de escombros",
rememora. El 10 de noviembre de 2011, tras un tumultuoso desalojo con
decenas de agentes antidisturbios y un helicóptero sobrevolando la zona,
la excavadora acabó en pocos minutos con la casita donde residía junto a
su familia.
Cuatro generaciones bajo el mismo techo:
su madre, de 73 años, su hija y su nieta, que entonces tenía apenas un
año, se quedaron en la calle. También su yerno Raúl Barreto, que tras
ser desahuciado culminó la aciaga jornada en comisaría.
"Estaba tan nervioso que prácticamente no me acuerdo de
nada, pero hubo un momento de tensión en el que estaban pegando a mi
cuñado, me puse de por medio y me esposaron", relata Raúl, que ahora
tiene 31 años, es técnico de iluminación y lleva cinco meses trabajando en una gira por toda España.
El lunes le toca volver a Madrid, su ciudad: tiene que acudir a un
juzgado de lo penal imputado por un delito de resistencia y con una
petición de un año de prisión. Junto a Raúl, en el banquillo se sentará
Chema Ruiz, que en 2011 era portavoz de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) en Madrid y sobre el que pesa la misma acusación.
"Esto es un despropósito", afirma Chema, de 43 años, que aquella mañana
acudió a la convocatoria promovida por asambleas del 15M para negociar
con la comisión judicial un aplazamiento de la ejecución. "Pero la
Policía ni siquiera nos dejó hablar con ellos", recuerda detallando
todas las circunstancias de aquel desahucio.
Por
ejemplo, que la familia perdiera una casa que estaba pagada y de la que
eran propietarios. La vivienda, ubicada en Canillas, en el madrileño
distrito de Hortaleza, formaba parte de un Poblado de Absorción
levantado en 1956 por el franquismo para cobijar a familias que habían
sido expropiadas en otras zonas de la capital para acometer obras como
la construcción de la M-30.
Las viviendas de este
poblado, a las que el vecindario bautizó como 'palomares' por sus
pequeños ventanucos y estrechas estancias, se construyeron como una
estancia temporal que pasaría a ser propiedad de sus inquilinos si 50
años después de la entrega de llaves no habían sido realojados en otra
vivienda definitiva.
El franquismo no cumplió con su
promesa de trasladar a las familias del Poblado de Canillas a sus nuevos
hogares, y esa deuda pendiente la acabó asumiendo el IVIMA, organismo
de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, que desde los años 80
remodela el barrio por fases y a ritmo lento. Cuando llegó el turno de
la familia de Estrella, un error de la administración los dejó fuera del
sorteo abocándolos a una situación sin salida: el IVIMA tenía que
derribar su casa para liberar suelo y avanzar con la remodelación del
barrio, pero no les ofrecía una alternativa habitacional.
"Después el IVIMA nos dijo, para compensar el error, que podíamos irnos
a otro barrio de Madrid", apunta Estrella, que regenta un bar en el
barrio de Canillas, donde ahora preside su asociación vecinal. Entonces
rechazó el ofrecimiento del organismo público porque su madre, enferma,
requería cuidados que la distancia habría hecho imposibles. El caso se
acabaría judicializando, y los tribunales sentenciaron desahucio.
"Pero aquel día los antidisturbios aparecen por una decisión política,
porque lo decide Delegación de Gobierno (entonces con María Dolores
Carrión al frente)", sostiene Chema Ruiz, que califica como
desproporcionado aquel despliegue policial, con siete furgonetas de
antidisturbios de la Policía Nacional que fueron sacando "a rastras" a
las decenas de vecinos y activistas que se plantaron delante de la
vivienda de Estrella y su familia para impedir el desalojo con una
sentada.
La escena fue grabada en vídeo, incluso apareció en el programa
Callejeros de Cuatro, y en ella se escucha como las personas que
participaron en la acción gritaban "No a la violencia" mientras
intervenían los agentes.
"A mí me detienen porque se
les antoja y porque estaba significado por mi trabajo en la PAH",
interpreta Chema, que pocas semanas después del desahucio fue citado a
declarar ante el juez, junto a Raúl, sin saber de qué le acusaban.
"Fuimos con Rafa Mayoral (ahora diputado de Podemos) y lo único que nos
dijeron es que estaban valorando el delito de sedición", asegura el
activista.
Su abogada actual, Angélica Domínguez, recuerda que las
diligencias policiales se acompañaron de ocho partes médicos de los
agentes que participaron en el desahucio, y que un médico forense no
pudo vincular con los dos detenidos.
"Los intentaban emplumar", afirma
la letrada, destacando que durante la instrucción no se admitieron como
prueba las imágenes grabadas durante el desahucio. "Los vídeos no se han
llegado a visualizar ni a tener en cuenta, y si se hubiera hecho, no
habríamos llegado a este punto de apertura de juicio oral, porque existe
una prueba gráfica de que no hubo ningún delito, ni resistencia a la
autoridad", lamenta.
Tanto la PAH Madrid como otras
plataformas de vivienda y vecinales han convocado el lunes 16 de enero, a
las 12 horas, una concentración frente a los juzgados de la calle
Julián Camarillo de Madrid para apoyar a Chema y Raúl en su cita con el
juez. "En el peor de los casos, no ocurrirá nada porque no tenemos
antecedentes, pero pretenden darnos el toque de atención para que la
próxima vez nos quedemos en casa", según el antiguo portavoz de la PAH.
Cinco años después, la parcela que ocupaba la vivienda de la familia de
Estrella sigue siendo un solar donde la Comunidad de Madrid no ha
construido las viviendas de realojo que apremiaron el desahucio. "Un
descampao para que caguen los perros", sentencia Raúl." (eldiario.es, 15/01/17)
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