"A la hora de comparar la gestión sanitaria privada y más concretamente
el comportamiento de las concesiones tipo Alzira versus la gestión
directa por la Administración (GDA) podemos fijarnos en tres grandes
indicadores. (...)
El primer indicador fue más bien el axioma que justificaba la implantación del modelo: la gestión del riesgo. En el modelo Alzira, una U.T.E. privada fue la responsable de la
construcción de un hospital y a cambio recibió la gestión de todos sus
servicios durante un plazo determinado de tiempo a cambio de un pago
capitativo. (...)
Ya comentamos anteriormente que esta transferencia de riesgo deviene
falsa. En la Comunitat Valenciana esta falacia se puso de manifiesto
cuando hubo que rescatar a la concesión con un segundo concurso
siguiendo la máxima de “too big to fall”.
En todos los casos de
modelo PFI (Private Financing Initiative), donde la Administración ha
tenido que actuar como red de seguridad, y ya hay unos cuantos ejemplos
(UK, Madrid, Alzira), el beneficio de las empresas privadas prevalece
sobre el interés general merced a un blindaje contractual tan intrincado
como opaco. (...)
El segundo indicador (y el actualmente preponderante) es el económico.
Esto es, si la gestión privada puede ser más eficiente ahorrando dinero a
las arcas públicas. (...)
El mantra que no deja de repetirse desde hace muchos años, sobre todo
por parte de los defensores del modelo Alzira, nos dice que la gestión
privada ahorra un 20% respecto a la GDA. Y solo con este dato se intenta
justificar la expansión del modelo sin ir más allá.
El premio Nobel de
Economía Ronald Coase dijo que “si torturas suficientemente los datos,
estos te dirán lo que quieras”. Este caso no es ajeno. Creo que ya ha
quedado claro que para controlar el gasto sanitario en un modelo
capitativo la clave es no solo reducir el coste unitario de cada
hospitalización sino también reducir su número.
Lógico, puesto que de
nada sirve reducir el coste unitario de un proceso si este aumenta
desmesuradamente. Siguiendo esta máxima es de recibo citar el trabajo
realizado en 2009 por S. Peiró y R. Meneu sobre eficiencias relativas
del Modelo Alzira y que resumiremos en la siguiente tabla.
Ya sabemos de dónde sale el consabido mantra. El coste por ingreso en
las concesiones es un 18,4% inferior a los centros GDA, si bien ambos
modelos son prácticamente idénticos a nivel de gasto hospitalario per
cápita. Es más, ese gasto por habitante es un 7,5% mayor en las áreas
gestionadas por concesiones que en las GDA.
El coste por hospitalización
puede ser más económico en los modelos de concesión, pero existe un
mayor porcentaje de ingresos hospitalarios (división de los costes fijos
entre un mayor número de unidades) y por tanto un mayor gasto por
habitante que al final es el indicador relevante para el financiador
público. Por lo tanto vamos a ir desterrando del subconsciente colectivo
la idea de que “la privada es más barata”.
(...) podríamos aventurarnos a decir que el modelo PFI es una mera
deslocalización de la sanidad pública donde la empresa traslada su
producción a un país (la concesión) en el que las condiciones laborales y
las remuneraciones (entre otras decisiones de impacto como el control
del almacén o el manejo de su central de compras) las dicta ella misma
sin injerencias de ningún tipo. El equivalente sanitario a llevarse el
taller textil a Bangladesh.
El grado de “filibusterismo” ha sido tal que la propia
central de compras de Ribera Salud (B2B Salud) está en el punto de mira
de la Fiscalía Anticorrupción al haber cobrado comisiones a proveedores
de material sanitario pagado, eso sí, con dinero público (en este caso
prótesis, exentas de los gastos de la concesión).
Se estima que en los
seis años de funcionamiento de dicha central, los beneficios obtenidos
mediante esta “mordida” han podido llegar a los 3,3 millones de euros.
“Saqueo a las arcas públicas” para unos, “contabilidad creativa” para
otros.
Todo esto no es algo nuevo. Ya en 2014, el Panel de
Expertos sobre Formas Efectivas de Invertir en Salud de la Comisión
Europea cuestionaba la rentabilidad del Modelo Alzira. El informe
publicado destacaba que “después de más de 14 años de funcionamiento no
hay información clara y disponible para evaluar los resultados
económicos y sanitarios de la experiencia” y advertían que “las
derivaciones a otros centros y la posible falta de control en los
procedimientos de pago interhospitalarios son un punto clave en el
acuerdo per cápita que tiene que ser cuidadosamente evaluado”.
De ahí que insistamos en que la atención sanitaria debe evaluarse en
función de la calidad recibida. Es el famoso tercer indicador. El más
olvidado, el que debería ser más importante y el más complejo de recoger
y analizar. Si la información comparativa de eficiencia la disponemos
con cuentagotas, los indicadores de resultados en salud entre modelos
son cuasi inexistentes.
Hay poco escrito y lo poco que hay es siempre de
ámbitos muy reducidos o concretos (p.ej. centros de hemodiálisis
privados vs. públicos) donde la gestión privada normalmente obtiene
peores resultados que la GDA en tasas de Mortalidad General y
Específica. Como era de esperar, la explicación a este hecho siempre
recae en la gestión del personal sanitario: más escaso y con menor
formación en los centros privados. (...)
Entonces, ¿no podemos saber qué modelo es el que más
aconsejable?, ¿o al menos conocer sus fortalezas o debilidades? Mucho me
temo que después de casi 20 años de modelo Alzira no se han hecho los
deberes simplemente por conveniencia, y así no se han desarrollado los
elementos de juicio que nos permitan discernir las bondades de cada una
de las opciones.
La dificultad intrínseca y la falta de transparencia a
la hora de encontrar información rigurosa, la complejidad a la hora de
acometer una comparación objetiva entre dos entes tan diferentes y la
aparición de otros factores que no se han tenido en cuenta a la hora de
la evaluación cómo el entorno administrativo, las condiciones laborales o
la labor supervisora del financiador han sido lastres muy pesados para
realizar una tarea que debería haber sido definida y monitorizada de
antemano dada su importancia.
Todo indica que la decisión de implantar un modelo PFI
en la Comunitat Valenciana en 1999 fue puramente política y por tanto
será una decisión puramente política la necesaria para desmantelarlo.(...)" (Enrique Rodríguez-Borja, CTXT, 05/04/17)
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