"El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha
dado por concluida la investigación abierta del “caso Bankia”, que
investiga la salida a Bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 personas,
entre ellas al expresidente Rodrigo Rato; al exconsejero delegado, Francisco Verdú y a los exconsejeros José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.
A todos ellos, el juez les imputa los delitos de falsedad en las
cuentas anuales de los ejercicios 2010-2011 y fraude de inversores por
incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa.
El juez ha sobreseído el procedimiento para la auditora Deloitte
y para los directivos de la CNMV y del Banco de España (BdE), cuya
imputación había solicitado la acusación popular. Quedan fuera de la
causa, entre otros, el exgobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el exvicepresidente Javier Aríztegui.
A lo largo de 253 folios, el magistrado resume los cinco años de
investigación penal. Además de los interrogatorios practicados,
Andreu se ha basado en los informes periciales recabados, que le
permiten concluir que los estados financieros individuales y
consolidados de BFA (la matriz de Bankia) a 31 de diciembre de 2010 y a
31 de diciembre de 2011, así como las cuentas anuales de Bankia de 2011,
no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad.
En su escrito, el magistrado sostiene que los administradores de BFA y
Bankia “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación
de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de
las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica
de la Entidad con el consiguiente perjuicio tanto para los que
posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para
el Estado”.
Por ese motivo, el juez argumenta que debe procederse contra los
miembros del Consejo de Administración que adoptaron las decisiones, en
tanto que tenían un deber especial de actuación y datos suficientes para
conocer la conducta de sus subordinados que podría crear un riesgo jurídicamente desaprobado, como así ocurrió, “Debían adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias”, escribe el juez.
El magistrado de la Audiencia Nacional también considera que los consejeros investigados falsearon la información económica
que contenía el folleto informativo elaborado para la salida del banco a
Bolsa. Según Andreu, no sólo se produjo una falsa información al
inversor, sino que “se llegó a producir un perjuicio para los nuevos
accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos
datos que resultaron ser falsos”.
Reflejo irreal de Bankia
Por ese reflejo “irreal” de la situación de Bankia que mostraba el
folleto informativo, el juez imputa el delito de fraude de inversores a
Bankia y BFA S.A. como personas jurídicas y a Rato, Verdú, Olivas y
Fernández Norniella en tanto que participaron en la reunión del Consejo
de Administración de Bankia que aprobó la inclusión de esa información
en el folleto.
El mismo delito se imputa también al auditor externo como
cooperador necesario, por analizar, verificar y dictaminar la
corrección y veracidad de las cuentas de Bankia que se presentaron en
ese folleto de emisión para su salida al parqué bursátil.
La Comisión Intersindical de Crédito, personada como
acusación popular, atribuyó a varios directivos de la CNMV y del Banco
de España su responsabilidad en la comisión de los hechos investigados.
Sin embargo, el juez ha descartado su responsabilidad penal. En el caso de la CNMV,
Andreu explica que su labor era la de adoptar las medidas necesarias
legalmente establecidas para la protección de los inversores, “y no
parece razonable exigirle que constatara por sus propios medios que los
estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor
representasen la imagen fiel de la entidad”.
Respecto al Banco de España,
el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no
se opusiera a ella, y que “no ha participado en la ficción de aparentar
solvencia donde no la había”.
Hace solo tres meses, la Audiencia Nacional ya condenó
a Rodrigo Rato a cuatro años de cárcel por un delito continuado de
apropiación indebida entre los años 2003 y 2012 por el caso de las tarjetas black de Bankia. En esta causa fue decisiva la actuación del colectivo 15MpaRato, que denunció ante las autoridades la existencia de esta práctica delictiva, tal y como explica en este vídeo la activista Simona Levi." (La Marea, 11/05/17)
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