"(...) En el caso de la destrucción institucional que está llevando a cabo
–y con notable éxito– el Partido Popular, recorrer algunos pasos
evidentes deslía la sensación general de que todo aquello que parecía
sólido se está desmoronando de forma espontánea, fruto de una “crisis”
que llegó como aparece una seta en la esquina húmeda de la casa sucia.
Nada más lejos de la realidad.
A grandes trazos –no tenemos todo un libro para extendernos–, los pasos son los siguientes:
- Paso: Empobrecimiento de la población.
- Paso: Control de los ciudadanos: Ley Mordaza.
- Paso: Control del Aparato Judicial.
- Paso: Abuso de Interior y descrédito de los investigadores.
Vamos allá.
Paso 1. Empobrecimiento de la población.
Dado que el paso está más que sabido por cualquiera que acceda a este
texto, baste recordar que el empobrecimiento de la población –en este
caso española–, también llamado “crisis”, se puede reducir a tres patas
básicas:
Pata A: Corrupción. El robo perpetrado por partidos políticos y sus
empresas afines desde el Gobierno central, los autonómicos y los
locales, o sea la corrupción, supone a los españoles 90.000 millones de
euros al año, según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). (...)
El dinero que se han repartido entre unas y otros sale de los fondos
públicos que estaban destinados a sectores como Educación, Sanidad o
Asuntos sociales, precisamente los que han sufrido los mayores recortes
con la “crisis”.
La pobreza es hija directa de la corrupción y algunos
ayuntamientos ya están demostrando que eliminar los procedimientos
corruptos elimina también la deuda. Para ampliar el número de casos de corrupción, y mucho, entre aquí.
Pata B: Fiscalidad. El pasado 9 de junio, el Tribunal Constitucional
anuló por unanimidad la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno
del PP, en un mazazo considerable a Mariano Rajoy y su ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro. (...)
La fiscalidad llevada a cabo por el PP, que castiga a las rentas del
trabajo y premia las rentas del capital, empobrece y exprime a los
trabajadores en lo que podríamos llamar Efecto sheriff de Nottingham, en honor del malo de Robin Hood y sus recaudaciones a los pobres, o sea a la mayoría de los ciudadanos españoles a día de hoy.
Pata C: Privatización de dinero público. El pasado viernes 16 de junio, el Banco de España hizo público un informe
en el que admitía que el Estado –o sea, los ciudadanos– no va a poder
recuperar al menos 60.000 de los 76.410 millones de euros en ayudas
concedidas para “salvar” al sistema financiero. Los especialistas en la
materia ya han denunciado que serán más. (...)
Cierto que, para completar este resumen del empobrecimiento de los
ciudadanos, deberíamos detenernos también en las puertas giratorias y
las conexiones de los gestores de lo público con empresas implicadas en
el saqueo. Aquí está minuciosamente detallado.
Paso 2. Control de los ciudadanos: Ley Mordaza.
La llamada Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de 2015,
supone –y así ha sido denunciado por varias organizaciones
internacionales de Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional–
convertir en delito algunas libertades fundamentales, como las de
expresión, información o manifestación.
Sin embargo, lo más perverso de
dicha legislación se encuentra en las multas.
El castigo al ejercicio de dichas libertades se aplica directamente
por la policía, sin pasar por los juzgados, y depende del arbitrio de
los agentes.
Las multas que conlleva incluyen, entre otras:
de 30.000 a 600.000 euros por manifestarse junto al Congreso o al
Senado, por fotografiar policías –con lo que ello supone de merma de
pruebas en los casos de abusos– o por el ejercicio de resistencia
pacífica y “sentadas”.
Con multas de entre 600 y 30.000 euros se castiga
lo que un agente considere “desobediencia o resistencia a la
autoridad”, perturbación de la paz ciudadana y desórdenes en la calle. (...)
El hecho de usar la multa económica como castigo, en lugar de la
denuncia ante un juez, requiere haber empobrecido antes a la población
(Paso 1), y por lo tanto usar su falta de medios como elemento
disuasorio en caso de plantearse llevar a cabo una protesta.
Paso 3. Control del Aparato Judicial.
Paralelamente a la desactivación de la capacidad de protesta de los
ciudadanos, el PP procedía a la ocupación de todas las instancias
judiciales que sigue su curso a día de hoy. Si el empobrecimiento de los
ciudadanos se silencia en la calle, el castigo de la corrupción que la
ha provocado se frena en los tribunales.
El pasado miércoles 24 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora nombró a Concepción Espejel
presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Dicha sala
es la encargada de juzgar las grandes causas de corrupción y
delincuencia económica, y no son pocas las abiertas en este momento
contra el PP: Gürtel, Púnica, Bárcenas, Lezo… (...)
Lesmes ha participado en cerca de una veintena de cursos organizados
por FAES, lo que lo convierte no en un técnico, sino en un ideólogo
orgánico del Partido Popular. En este momento es presidente del Tribunal
Supremo y presidente del CGPJ, el órgano que gobierna a los jueces
Con ellos dos, Espejel y Lesmes, el PP se asegura la Audiencia
Nacional, el Supremo y el CGPJ. Pero es que, además, al frente de la
Sala II del Supremo tiene colocado a otro fiel servidor, quizás
el más ferviente, y mano derecha del ministro Rafael Catalá, Manuel
Marchena. En sus manos están los juicios a los aforados. (...)
La cuarta y última pata del Poder Judicial controlada por el PP es el
Tribunal Constitucional, donde solo 4 de los 12 vocales son
considerados “progresistas”. Lo preside el ultraconservador Juan José
López Rivas.
¿Queda algo más por ocupar? Nada. (...)
Paso 4. Abuso de Interior y descrédito de los investigadores.
Una vez empobrecidos y controlados los ciudadanos, ocupados y
sometidos la Audiencia Nacional, el Supremo, el Constitucional y la
Fiscalía, la única arma que parece quedar son las investigaciones que
Policía y Guardia Civil van destapando, y sobre las que es más difícil
ejercer control o censura. Por lo que solo cabe utilizar contra ellos el
descrédito y el sometimiento del Ministerio de Interior, ya bastante tocado, para beneficio del Partido. (...)
El malestar en la Policía Nacional y la Guardia Civil ha crecido por la
forma en la que se ha puesto en duda su relación con el Partido Popular,
casi nunca para bien. Tanto la UCO como la Unidad contra la
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han quejado en los últimos
tiempos de la injerencia política y judicial en sus investigaciones. (...)
El pasado lunes 12 de junio, en declaraciones al programa Las Mañanas de Cuatro,
el juez Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, afirmó: “Lo que me
preocupa es que haya profecías que se cumplan”. Se refería al
expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy encarcelado por el Caso Lezo, Ignacio González, que ya presuponía
el nombramiento de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción
con seis meses de antelación, cuando ni siquiera se sabía que Rajoy
sería elegido presidente del Gobierno. Eso sí que podría considerarse la
madre de todas las zancadas." (Cristina Fallarás , CTXT, 18/06/17)
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