"Ocho personas, entre ellos activistas de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH) y vecinos, tendrán que declarar entre
el martes y el jueves ante el juez investigados de desórdenes públicos
por invadir la vía e impedir la circulación del tranvía de Parla, en el
sur de Madrid, en una protesta que tuvo lugar el pasado mes de abril.
El grupo, formado por varias decenas de personas de las que solo se
identificó a estas ocho, se manifestaba contra los desahucios de Encasa
Cibeles, la filial española del fondo buitre –Goldman Sachs-Azora– al
que el Gobierno de Ignacio González vendió casi 3.000 viviendas públicas.
Por esta acción no comunicada que mantuvo una hora cortado parte del
servicio, los investigados podrían enfrentarse a entre seis meses y tres
años de prisión si la causa no se archiva tras estas primeras
declaraciones dentro del periodo de instrucción.
Los hechos que se investigan tuvieron
lugar el 27 de abril, cuando "una aglomeración de unas 50 personas",
entre ellos menores, se encuentra "ocupando las vías del servicio
público", según el atestado policial al que ha tenido acceso
eldiario.es. La protesta estaba encabezada por una pancarta con el
siguiente mensaje: "Disculpen las molestias, nos quieren desahuciar".
Al lugar acudieron efectivos de
Policía Local y también Nacional tras el aviso de los vigilantes que
pone la empresa que gestiona el servicio, Tranvía de Parla S.A,
participada mayoritariamente por GlobalVía Infraestructuras S.A (de FCC y
Bankia al 50%).
Los agentes de la Policía Nacional informaron a
los manifestantes de que la acción podría estar incurriendo en un
delito, recoge la documentación entregada al juzgado y confirman los
activistas, que aseguran que "pacíficamente" procedieron a retirarse
después del aviso y con el compromiso verbal de los agentes de que no
los identificarían.
El atestado
aduce, sin embargo, que transcurrió más tiempo hasta que se disolvió la
concentración, que terminó con la filiación de ocho personas: tanto los
"principales responsables y portavoces del evento así como las personas
que utilizaron los móviles para grabar la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, todo ello motivado por una posible utilización
ilícita de tales imágenes y en prevención de tales hechos", una acción
castigada por la Ley de Seguridad Ciudadana. La Policía habla de
"responsables" para referirse al abogado de la PAH que interactuó con
los agentes como mediador en nombre del colectivo que se manifestaba,
Manuel San Pastor.
La situación de los vecinos
A unos metros del lugar donde se concentraron se levantan unos bloques
de vivienda pública incluidos en la macroventa a Goldman Sachs-Azora
cuyos vecinos tienen órdenes de desalojo casi todas las semanas. La
mayoría de ellas terminan suspendiéndose hasta nuevo aviso y así pasan
los meses.
En los pisos hay personas que han dejado de pagar a su nuevo
casero porque no pueden y familias que ocupan ilegalmente las casas y
llevan meses pidiendo sin éxito a la empresa la regularización de la
situación. Pero Encasa no cede a esta petición por miedo "al efecto
llamada" y, según el testimonio de los vecinos, les ofrece dinero para que se marchen . Y el Ayuntamiento de Parla asegura que no tiene vivienda social disponible para dar alternativa a los vecinos en riesgo de desalojo.
Los manifestantes aseguran, en conversación con este medio, que el día
de la protesta esperaron a que pasara un tranvía para comenzar a ocupar
"la acera y parte de las vías porque la acera era muy estrecha y no
cabíamos todos" en una "concentración espontánea". "Queríamos evitar un
frenazo del tranvía o cualquier daño en ese sentido", dice uno de ellos. (...)
La defensa argumenta que para que
exista delito de desórdenes públicos, tipificado en el artículo 557 del
Código Penal, "se tiene que producir una alteración de la paz pública".
"En este caso no se han producido ni lesiones ni daños a personas o
cosas, no ha habido un peligro real, de manera que no se cumple en
ningún caso con el tipo delictivo que se investiga", explica la abogada
Alejandra Jacinto.
Tranvía de Parla S.A,
empresa con la que ha intentado contactar sin éxito este medio, ha
cuantificado en 791 euros los daños de esta acción. Pero los peritos
judiciales no han podido determinar el "perjuicio ocasionado por la
inmovilización de dichos trenes". (...)" (eldiario.es, 18/09/17)
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