"La pretendida quiebra de la Seguridad Social no es un imponderable ni un
efecto inevitable de la crisis económica. Es, como se ha dicho aquí en
alguna ocasión, un crimen que se ha hecho pasar por un accidente, un
premeditado desvalijamiento que ha servido al Gobierno para cuadrar las
cuentas del Estado y rebajar el déficit.
En definitiva, un atraco a cara
descubierta en el que los ladrones piden a las víctimas que se
resignen, que no desesperen y, sobre todo, que no hagan ruido. (...)
Ha sido el ruido, precisamente, el que obligó ayer a
Rajoy a comparecer en el Congreso para explicarnos cómo estaba el
enfermo después de sus sangrías, en un ejercicio de cinismo semejante al
que busca un cortejo fúnebre cuando huele flores.
En vez de una cura
ofreció un chantaje: subir las pensiones más bajas con arreglo a la
inflación a cambio de que se le dé luz verde a los Presupuestos, sin los
que tendría que hacer la mudanza de Moncloa; elevar también las de
viudedad, omitiendo que está obligado a hacerlo por una ley de 2011 que
lleva siete años pasándose por el arco del triunfo; y distintas mejoras
fiscales no concretadas pero ya anunciadas para los pobres jubilados.
Todo ello, sin tocar una coma de su reforma de 2013, con su factor de
sostenibilidad, su camisita del 0,25% y su canesú, porque derogarla,
según dijo, sería un suicidio en vez de un asesinato.
Todo lo que se ha hecho en los últimos años parece
responder a un plan minucioso que conduce a empobrecer a los
pensionistas, ampliar aún más la edad de jubilación de quienes siguen en
activo y promover el ahorro privado en beneficio de la banca, que
siempre gana.
Para conseguirlo, se ha usado la Seguridad Social como
pagador de las distintas regalías, ya sean bonificaciones a la
contratación como tarifas planas; se han provocado quebrantos para
aliviar el balance de otros organismos públicos como el Servicio de
Empleo, que ha dejado de cotizar por los parados mayores de 52 años para
hacerlo sólo por los mayores de 55 años y con bases inferiores; se ha
vaciado el fondo de reserva, lo que ha acabado con sus millonarios
rendimientos; y, especialmente, se ha impulsado la devaluación salarial
gracias a una reforma laboral que ha provocado que un aumento de
cotizantes no implique necesariamente mayores ingresos.
En vez de taponar las heridas se ha hurgado en ellas.
Nada se ha hecho para eliminar el fraude en la cotización en los
contratos inferiores a cinco días para que incorporen festivos y
vacaciones no trabajadas, ni el que sistemáticamente vienen denunciando
los sindicatos con las horas extras.
Nada se ha hecho tampoco para
desincentivar los contratos temporales de duración muy reducida, para lo
que hubiera bastado con elevar sus bases de cotización. Nada se ha
hecho, en resumen, para que el barco flote, sino justamente lo
contrario: abrir vías de agua a lo largo de todo su casco.
Todos estos brochazos negros han permitido dibujar un
retrato tenebrista del sistema de pensiones con un agujero anual de
18.000 millones de euros, que intenta extender el pánico entre sus
perceptores presentes y futuros, de manera que permanezcamos mudos ante
el apocalipsis o, en su defecto, que recemos plegarias en voz baja.
Ocupados muchos de ellos en sobrevivir o en mantener a sus hijos y
nietos, los pensionistas fueron conscientes del escalo con una nueva
carta de la ministra de Trabajo en la que se les anunciaba subidas de un
euro al mes y la dignidad pudo más que el miedo. Este sábado vuelven a
la calle. (...)
Cualquier pacto debe incluir un aumento de los
salarios, fomentar la inmigración y no disuadirla con concertinas e
impulsar la natalidad con medidas que no pueden reducirse a deducciones
irrisorias en el IRPF.
Y si fuera necesario, complementar los ingresos
con impuestos, que es por otra parte práctica habitual en países de
nuestro entorno en los que el peso de las pensiones en el PIB es mucho
mayor.
Las pensiones no son una limosna sino un derecho
consagrado en la Constitución que obliga a los poderes públicos a
actualizarlas para ofrecer a sus beneficiarios suficiencia económica.
Condenar de manera premeditada a los pensionistas a perder anualmente
poder adquisitivo, a una pobreza a plazo fijo, es, simplemente, una
canallada." (Juan Carlos Escudier, Público, 15/03/18)
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