"El pasado jueves murió Mame Mbaye; se desplomó de un ataque al
corazón en la calle del Oso, en el barrio de Lavapiés de Madrid.
Corría, huyendo de la policía que lo perseguía a él y a un grupo de manteros que ejercían la venta ambulante en la Plaza Mayor de la ciudad.
Corría, huyendo de la policía que lo perseguía a él y a un grupo de manteros que ejercían la venta ambulante en la Plaza Mayor de la ciudad.
Mame
Mbaye, era de Senegal, tenía 34 años y había llegado al Reino en patera
hacía 12, Mame vió rechazada por dos ocasiones su solicitud de
regularización. Las razones de ambas negativas fueron sus antecedentes
por venta ambulante irregular.
Mame, nunca tuvo “papeles”. En
estos 12 años, vivió, trabajó y pagó facturas, pero no disfrutó de
ningún derecho, tampoco de acceso a médico de atención primaria. Solo
tuvo deberes. La noche después de la muerte de Mbaye, Lavapiés, el
barrio en el que vivía, vio como la policía cargaba contra las personas que denunciaban su muerte
y su situación administrativa irregular.
Hubo seis detenidos, 19
heridos, vehículos y cajeros quemados, lunas y escaparates rotos. La
caverna mediática española, encabezada por ABC , La Razón y El Mundo, no perdió la oportunidad para hablar de “antisistema” y del “laboratorio de la furia de Podemos”.
Por
su parte, el Ayuntamiento de Ahora Madrid comenzó a echar balones
fuera, avisando de que abriría una investigación, a la par que señalaba
rápidamente que su policía municipal no estaba persiguiendo a Mbaye.
Los medios alarmaron “sobre la violencia descontrolada” de
los sucesos, pero casi nadie mencionó lo que hay detrás de los mismos:
la falta de regularización administrativa de cientos de miles de
personas en el Reino, el racismo institucional existente tras esta
muerte y la violencia institucional que sufren esas personas con derecho
a nada.
Malick Gueye, también originario de Senegal, de 35 años y
con 13 de residencia en España, portavoz del Sindicato Mantero y Latero
de Madrid, y amigo de Mbaye señaló, en rueda de prensa, que el
sindicato lleva desde sus inicios luchando a favor de la derogación de
la Ley de Extranjería y de la despenalización de la venta ambulante de
latas y del top manta.
Hay que recordar que vender hoy en la calle está
penado con hasta con dos años de cárcel. En la misma comparecencia,
Malick aseguró que el colectivo se reúne todos los martes para tratar su
situación y “para denunciar lo que sufrimos en la vida cotidiana:
agresiones, abusos y detenciones, ingresos en los CIE y deportaciones.
Hacen lo que quieren con los detenidos, saben que no pueden denunciar.
Hemos llevado un registro denuncias. En julio, se lo hicimos llegar al
Ayuntamiento. Eran 18 agresiones a nuestros compañeros, compañeros con
brazos y piernas rotos. No es algo de ahora.” Malick igualmente explicó que lleva tres años en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid sin resultado alguno.
Racismo institucional
La política de la Unión
Europea sobre inmigración y refugio, de la que el Reino de España es
alumno aventajado, es en realidad una política de “guerra” que vulnera
todo lo establecido en el derecho internacional.
Primero, contra los que
intentan llegar: existen acuerdos firmados con todos los gobiernos o
incluso con señores de la guerra en Libia, destinados a repatriar al
máximo posible de ellos, forzando su rechazo a través de buques
militares y hostigamiento a las ongs que intentan auxiliarlos, y
provocando miles de muertos en el Mediterráneo.
En segundo lugar, contra
quienes llegan, con el rechazo en frontera, la denegación de solicitud
de asilo y refugio, la imposibilidad administrativa de regularización de
su situación a través de leyes como la de Extranjería, las
repatriaciones forzosas, la detención en centros especiales como los CIE
y la persecución policial.
El resultado de todo ello lleva a la
existencia de una enorme bolsa de personas sin derechos que son
sometidos por ello a todo tipo de arbitrariedades y abusos. Se trata de
un racismo profundo e institucionalizado sobre el que posteriormente se
alimenta la xenofobia y el propio racismo que se respira en nuestras
sociedades. (...)
En resumen, no existe ningún camino que permita comenzar a resolver los
serios problemas que hay en nuestros barrios, reducir la economía
sumergida y el fraccionamiento social, poner freno a los abusos que ello
comporta y posibilitar ganar derechos, igualdad y convivencia al
margen de derogar leyes que amparan el racismo institucional.
Leyes
que, tras supuestos procesos administrativos para regularizar
situaciones irregulares, esconden barreras profundamente discriminadoras
que niegan de facto tal regularización. Lavapiés expone con sus
movilizaciones que no se trata de un problema de unos pocos, sino de
varios centenares de miles en todo el Reino.
Un problema que muestra que
sin ganar democracia para ese sector de la sociedad, serán
imposibles medidas que permitan asegurar derechos para el resto. La
máxima unidad, igualdad y libertad son imprescindibles. (...)" (Carlos Girbau
, Sin Permiso, 18/03/2018)
"El barco de Proactiva Open Arms sigue retenido en Sicilia a la espera de una acusación.
El fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha explicado este lunes que el barco de la ONG sigue
retenido en un puerto de la isla italiana de Sicilia
, donde llegó el fin de semana tras rescatar a 218 inmigrantes que se encontraban a la deriva en el Mar Mediterráneo. (...)
(...) ha añadido que prevén que se les acuse de un delito al haber trasladado
al grupo de migrantes desde aguas libias hasta territorio italiano.
“Hicimos la intervención en el mar y, una vez rescatados, pusimos
rumbo al norte, hacia Italia, como hacemos siempre, e Italia no nos
permitió la entrada” y obligó a que España tuviera que solicitar la
entrada del barco a un puerto italiano.
Todavía es solo una hipótesis de delito. La toma del barco es preventiva, pero se nos acusa de asociacion criminal y fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños pic.twitter.com/F9ww0axFMD
Proteger la vida humana en el mar debería ser la prioridad absoluta de cualquier cuerpo civil o militar que se precie, llámese Guarda Costas, Salvamento Marítimo o Armada. Así lo estipula igualmente el derecho del mar pic.twitter.com/2rF2eAwcwe
“Nos trasladaron a un protocolo que no se había usado nunca”, ha
lamentado, por lo que tuvieron que contactar con el Ministerio de
Asuntos Exteriores español y explicar que tenían una situación grave a
bordo para que realizara el trámite.
Camps ha dicho estar sorprendido porque se les tache de grupo criminal
por el traslado y ha criticado que la acusación la lleve a cabo el
fiscal de Sicilia: “Siempre viene todo del mismo lugar”. Ha recordado
que cada vez hay menos organizaciones trabajando en el rescate de
personas en el Mediterráneo y que el suyo no es la primera embarcación
retenida en Italia. (...)
La noche del domingo a este lunes Camps ya expuso en su cuenta de
Twitter que la incautación del barco podía darse por una acusación “de
asociación criminal y fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a
los libios al no entregarles mujeres y niños”. (...)
Los delitos de los que se les acusan son asociación criminal para
fomentar la inmigración ilegal con el agravante de “obtener beneficio de
ello”, que están castigados con penas de reclusión de cuatro a doce
años, según el código penal.
Buenos días. Devolverlos al infierno no nos lo hubiéramos perdonado nunca. Gracias a todas y todos por el apoyo recibido.
Open Arms defiende que proteger vidas humanas debe ser una prioridad de
cualquier cuerpo --civil o militar-- y que así lo estipula el derecho, y
que entregar a los rescatados a Libia “equivale a llevar una devolución
en caliente”, lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la
ONU. (...)" (La Vanguardia, 19/03/18)
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